Cumplir lo que mandata la Constitución para la entrega del “informe por escrito” no es lo que AMLO hizo ayer, pero sí lo que entregó al Congreso Olga Sánchez Cordero
Cumplir con lo que mandata la Constitución para la entrega del “informe por escrito” sobre “el estado que guarda la administración pública del país” en modo alguno es lo que Andrés Manuel López Obrador hizo ayer, pero sí lo que entregó al Congreso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En la forma, es anecdótico lo que, paradójicamente, causó mayor interés que el discurso mismo: la frase Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México (oficialmente fue promovido en redes como #PrimerInformeGobMx).
Reventador irredento, el diputado Gerardo Fernández Noroña se equivocó al tuitear: El compañero presidente @lopezobrador_ falta al respeto al Congreso mexicano, pues su informe será entregado por escrito hoy a las cinco de la tarde y ya realiza una reunión en Palacio Nacional a la que denomina informe. En una evidente violación al artículo 69 constitucional. Ninguna “violación” se cometió. En todo caso, el acto implica que el Presidente no reconoce a los integrantes de la Cámara de Diputados como “representantes populares”, lo cual tiene sentido porque no todos fueron electos por la ciudadanía, sino por sus partidos a través de la fórmula plurinominal.
Lo de “tercer informe de gobierno al pueblo de México” generó confusión, porque contó como primero lo que dijo al cumplirse los primeros 100 días en el cargo y como segundo el del primer aniversario de su triunfo electoral.
En el fondo, lo de ayer en Palacio Nacional fue una reiteración de lo ya muy repetido en sus conferencias mañaneras, entre lo que resalta lo que ojalá sea un cambio profundo de opinión y de actitud cuando dijo: “El Poder Ejecutivo ya no interviene, como era costumbre, en las determinaciones del Poder Legislativo ni del Judicial; respeta las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales, no se entromete en las decisiones de órganos autónomos, como la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, institución a la que de manera enfática, ofensiva y calumniosa ha descalificado en al menos dos ocasiones por haberle recomendado mantener el Programa de Estancias Infantiles y demostrado jurídicamente que el retiro del apoyo federal atenta contra el “derecho superior de la infancia”, y exhibir el uso del nombre del Presidente en el censo y entrega de apoyos sociales.
Dijo también: “Estamos dedicando tiempo y recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia”, cuando lo cierto es que para encontrarlos e identificarlos el presupuesto se redujo de 32.4 a tristes 4.4 millones de pesos.
El encono que se trae contra el neoliberalismo achacándole la culpa de todo es asimismo de fondo, pues está cumpliendo con premisas clave de esa forma de administrar: reducción del aparato burocrático, entrega personalizada de dinero prescindiendo de las instancias intermedias, mantenimiento del equilibrio macroeconómico y finanzas públicas sanas…
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