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CNDH pide protección para familiares de víctimas de masacre en Coatzacoalcos
Foto de EFE/ Ángel Hernández

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictó medidas cautelares al gobierno de Veracruz, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), para proteger los derechos humanos y la integridad física de los familiares de 10 víctimas mortales y dos sobrevivientes de la matanza en un bar de Coatzacoalcos, por presuntas violaciones a los derechos humanos y amenazas de muerte.

Este martes, Alán Domínguez, abogado de los familiares de 12 víctimas, interpuso una solicitud ante la CNDH toda vez que su clientes denunciaron haber recibido amenazas de muerte, así como violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos, luego de los hechos ocurridos la madrugada del pasado 27 de agosto que dejó 30 personas muertas.

Dichas medidas se tendrán que acordar previo a su implementación, mediante el abogado de los familiares de las personas muertas y sobrevivientes. Ante esta situación, la CNDH dictó medidas cautelares inmediatas para los familiares de las víctimas.

CNDH pide protección para familiares de víctimas de masacre en Coatzacoalcos - bar-coatzacoalcos
Bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos. Foto de EFE

“Las medidas cautelares que se solicitan, deberán implementarse de inmediato y por el plazo que resulte necesario hasta la determinación que conforme a derecho corresponda, debiendo formular su propuesta al presente requerimiento, a partir de la notificación o conocimiento de este documento”, señaló Ismael Esvala Pérez, primer visitador general de la CNDH.

El documento dirigido al secretario de Gobierno y a la encargada de la FGE solicitó la “intervención con el propósito de evitar la consumación irreparable de violación a derechos humanos, o la producción de daños de difícil reparación en agravio de las personas afectadas”.

Entre las medidas se solicita gestionar de forma inmediata las acciones necesarias para garantizar y salvaguardar la integridad de los familiares afectados.

“Que en todas las acciones que realicen las autoridades locales se respete el derecho al debido proceso legal de las personas afectadas, y se les brinde la asesoría jurídica que requieran en la investigación de los hechos, incluida la información adecuada para el ejercicio de sus coadyuvancia”, indica la misiva.

Con información de Milenio