El nicaragüense Ortiz González, identificado como “paramilitar” por la oposición, fue condenado a 15 años de cárcel por el asesinato de una mujer estadounidense
El nicaragüense Juan Pablo Ortiz González, un trabajador del Estado identificado como “paramilitar” por la oposición, fue condenado este jueves a 15 años de cárcel por haber asesinado a una ciudadana estadounidense en el marco de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, con quien simpatiza.
La titular del Juzgado Primero de Distrito Penal de Juicios de Matagalpa (norte), Claudia Sánchez, impuso esa pena contra Ortiz González, de 29 años y que trabajaba en el servicio estatal Correos de Nicaragua antes del crimen.
El hombre confesó, durante el juicio celebrado la semana pasada, haber matado de un disparo a la estadounidense Ariana Enid Martínez García, de 35 años y nacida en Puerto Rico, el pasado 29 de septiembre en un barrio de la ciudad norteña de Matagalpa.
El Ministerio Público de Nicaragua lo acusó de los delitos de homicidio, lesiones, amenazas y portación ilegal de armas.
El suceso ocurrió cerca de la medianoche de ese día cuando el hombre, que discutía con el esposo de la víctima, le disparó en la cabeza según la versión de grupos opositores, que identificaron al responsable como un “paramilitar” al servicio del gobierno de Ortega y divulgaron una serie de fotografías donde aparece armado.
La Policía Nacional informó que la mujer murió cuando “intervino en discusión motivada por rencillas personales entre su cónyuge, Maynor Fernando Valenzuela Blandón, y Juan Pablo Ortiz González“.
Hasta ahora, las autoridades no han mencionado los motivos de la discusión, que tuvo lugar en una gasolinera de la ciudad de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, país que vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos en protestas contra el presidente Ortega, así como miles de heridos y decenas de miles de ciudadanos en el exilio.
Según los opositores, la ciudadana estadounidense fue asesinada por parapoliciales y paramilitares, que operan en conjunto con la Policía, según ha admitido el gobierno, que los cataloga de “policías voluntarios”.
Antes del asesinato, la casa del matrimonio había sido marcada con la palabra “plomo”, que en Nicaragua tiene dos connotaciones y ambas usadas por los sandinistas: “patria libre o morir” o una amenaza de muerte emitida por los civiles armados que actúan con la complicidad de la policía.
La Policía de Nicaragua reconoció que el atacante tenía antecedentes por delito de amenazas de muerte, aunque no explicó por qué gozaba de libertad.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Con información de EFE
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