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Contraloría investiga a exfuncionarios del gobierno de Mancera por desvío de recursos públicos
Unidades de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México. Foto de @ContraloriaCDMX

La Contraloría de la Ciudad de México investiga a exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, por el presunto desvío de dinero de las arcas del gobierno capitalino.

De acuerdo a una investigación realizada por Milenio, dichos servidores públicos inflaban los sueldos de algunos empleados para presuntamente desviar los recursos públicos.

Además, se generó una nómina “por única ocasión” para jubilar a dichos exfuncionarios con más de 24 mil pesos mensuales a cada uno, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).

La Contraloría local inició una investigación contra al menos tres altos exfuncionarios de Finanzas, secretaría encabezada por Édgar Amador Zamora hasta abril de 2018, y Julieta González Méndez, desde ese mes y hasta finalizar el sexenio pasado.

Los indagados por la Contraloría son Hedilberto Chávez Gerónimo, exdirector general de Administración y exsubsecretario de Egresos de la dependencia, vinculado a proceso por otros casos de corrupción en la secretaría.

También Berenice Guerrero Hernández, exdirectora general de Administración y Optimización del Capital Humano y exsubsecretaria de Planeación Financiera, ya también vinculada a proceso, y Antonio Paz, sucesor de Miguel Ángel Vázquez Reyes en la subsecretaría mencionada.

A estos exfuncionarios se les acusa de presuntamente haber incurrido en faltas administrativas graves, como abuso de funciones y desvío de recursos.

En el documento de la denuncia se señala que estos tres exfuncionarios firmaron convenios con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de CDMX para crear “de manera extraordinaria” nuevos tabuladores en la nómina con los que un determinado número de servidores públicos sería beneficiado con un incremento exponencial de su salario mensual, únicamente por un año, para después renunciar a su empleo y tramitar su pensión.

La intención de incrementar abruptamente el salario de estos empleados fue que al cabo de ese año pudieran jubilarse con una cotización superior ante el ISSSTE.

Aunque los convenios mencionaban en total a 369 beneficiarios, en el sistema de nómina se encontró que en realidad se benefició al menos a 528 trabajadores.

La denuncia solo señala a estos tres exfuncionarios, pero los convenios irregulares a los que se refiere incluyen firmas adicionales de otros personajes, como Miguel Ángel Vázquez, asesor y operador financiero de Mancera, desde la Subsecretaría de Administración y Capital Humano; Joel Ayala Rivero, exlíder sindical de los burócratas capitalinos; Aideé Maribel López Villavicencia, exdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas; Leticia Lorencez Olvera, secretaria general de la Sección 17 Tesorería y Delegaciones; Víctor Hernández Villeda, secretario general de la Sección 11 del sindicato Catastro y Contribuciones a la Propiedad de Raíz; y Joel Villalobos Moreno, secretario general de la sección 30, Secretaría de Finanzas y Delegaciones.

Con información de Milenio