El principal pero a la amnistía hizo fracasar los foros que se realizaron en varias ciudades (los programados en otras ya ni se hicieron), así como el parlamento abierto que organizaron las comisiones de Justicia, Gobernación y Población de la Cámara de Diputados
Con el propósito de “pacificar” el país, la innecesaria, impugnable y más bien ociosa Ley de Amnistía (que con la mayoría morenista y moreniana en el Senado terminó aprobada por el Congreso) no sirve ni evita el riesgo de contagios del nuevo coronavirus porque:
a) La narcoviolencia ni siquiera disminuye. Marzo fue el mes más violento (tres mil 78 asesinatos) en lo que va del sexenio, y antier se cometieron 114 homicidios, la mayor cifra de 2020.
b) Nada garantiza que los excarcelados no propalen o contraigan el covid-19.
El principal pero a la amnistía hizo fracasar los foros que se realizaron en varias ciudades (los programados en otras ya ni se hicieron), así como el parlamento abierto que organizaron las comisiones de Justicia, Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.
Ese pero lo expusieron familiares de víctimas y organismos defensores de los derechos humanos con su rechazo radical a la naciente política de “abrazos, no balazos” y lo sintetizaron en la explicable frase “ni perdón ni olvido”.
Días después de que Andrés Manuel López Obrador ganara la elección (pero siendo ya virtual e indiscutible Presidente electo), la ministra en retiro que tendría a su cargo la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que con una Ley de Amnistía se emprendería “de inmediato” la “pacificación” de México, pero se redactaría con el apoyo y aportaciones de organizaciones civiles, organismos internacionales, expertos mexicanos y del mundo, a fin de conseguir la “justicia transicional”.
Eso sí, antes que otra cosa, todo se haría “escuchando a las víctimas en primerísimo lugar…”.
La misma funcionaria, en diciembre, estimó que serían beneficiadas alrededor de seis mil 200 personas encarceladas por delitos del fuero federal (hoy el cálculo es de unos cuatro mil).
Un día antes de que la ley fuera aprobada en el Senado, la Barra Mexicana Colegio de Abogados expresó su inconformidad y franca oposición porque para elaborar el proyecto, hizo notar, no había sido tomado en cuenta “el sentir de las víctimas” respecto a sus agresores y victimarios.
Se legislaría, manifestó, en favor de delincuentes pero “sin garantía absoluta” de que no vuelvan a causar daño; las víctimas no tendrán asegurada su seguridad y tranquilidad, “y dejar en libertad a estas personas por el supuesto riesgo de contagio en los penales, de la misma manera lo dejará al salir, generando riesgo de contagio fuera del centro de reclusión”, ya que se desconoce adónde irán y, “como es sabido, el Sistema de Salud está siendo saturado con motivo de la enfermedad”.
En su comunicado, la agrupación (fundada en 1922) ni siquiera relaciona su inquietud con la dichosa pacificación: “México ha entrado en una etapa complicada, no solo a nivel salud, sino social y legal, encontrando en ello pretexto para que el gobierno federal haya decidido conceder libertad a individuos que han sido condenados por la comisión de algún hecho delictivo o que están siendo procesados…”
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