Después de la vorágine de estímulos fiscales del 2020 y el 2021, el déficit para este 2021 podría ubicarse cerca de 10%
El gobierno de Estados Unidos ha adoptado medidas extraordinarias de política fiscal para amortiguar el golpe a los hogares y negocios provocado por la pandemia.
Los estímulos acumulados entre el 2020 y el 2021 equivalen a casi 19% del Producto Interno Bruto (PIB). Estos estímulos, aunados a una política monetaria extraordinariamente expansiva, contribuyeron de manera decisiva a que la contracción en el PIB en el 2020 fuera de tan sólo 3.5% y a que en este 2021 seamos testigos de una recuperación acelerada en la que el PIB crecerá por arriba de 6 por ciento.
Aunque el PIB de Estados Unidos recuperará su nivel pre-Covid en el segundo trimestre de este año y el empleo —que suele ser un indicador rezagado— probablemente alcance su nivel pre-pandemia en en la primera mitad del 2022, el descomunal incremento en el déficit y endeudamiento público tardará muchos años en digerirse.
Vale la pena recordar que gracias al plan de reducción de impuestos impulsado por la administración Trump en el 2017, el déficit presupuestal y la deuda pública de EU ya habían aumentado considerablemente. El déficit público en EU pasó de 3.1% en el 2016 a 4.7% en el 2019, mientras que la relación deuda a PIB aumentó de 65% en 2007 a 105% en el 2019.
Después de la vorágine de estímulos fiscales del 2020 y el 2021, el déficit para este 2021 podría ubicarse cerca de 10%, el segundo más grande de la historia después del registrado en 1945.
Mientras tanto, la razón de deuda pública a PIB podría llegar a rondar 105% del PIB, su nivel más alto en la historia. Esto sin contar el plan de infraestructura y apoyo educativo por 3 billones de dólares que tiene en el tintero la administración Biden.
Si bien es cierto que el hecho de que las tasas de interés de corto plazo estén en cero y que las de largo plazo se ubiquen cerca de mínimos históricos hacen que el incremento descomunal en los niveles de deuda sea manejable en el corto plazo, la administración Biden tiene claro que es necesario impulsar una reforma fiscal para poner al déficit y al endeudamiento público en una trayectoria sostenible.
En este sentido, la administración Biden tiene planeado impulsar el paquete de infraestructura de 3 billones de dólares de la mano de un plan fiscal enfocado en aumentar los impuestos a los más ricos y a las empresas, revirtiendo parte de las reducciones impulsadas por Trump y aprobadas por la mayoría republicana a finales del 2017.
La reforma fiscal de Biden tiene contemplada, entre otras cosas, un incremento en la tasa de Impuesto sobre la Renta para empresas de 21 a 28% (era 35% antes de la reforma de Trump); subir la de ISR para el estrato más alto de ingresos, aquellos que ganan más de 400,000 dólares al año, de 37 a 39.6%; subir las tasas de impuesto sobre las ganancias de capital; la eliminación de subsidios a las compañías de combustibles fósiles; y una mayor fiscalización a las empresas multinacionales que se aprovechan de la domiciliación de sus ganancias en países con ventajas fiscales.
La administración Biden también podría incluir reducciones en otras áreas de gasto público para financiar su ambicioso programa de infraestructura y educación.
Aunque los demócratas controlan ambas cámaras en el Congreso, el plan de aumentar los impuestos tiene un futuro incierto ya que la mayoría es muy estrecha y se necesita del voto en bloque de todos los legisladores demócratas.
Lo que es claro, es que la administración Biden tiene claro que, aunque el incremento en el déficit público y los niveles de endeudamiento son manejables en el corto plazo, en el mediano plazo es indispensable modificar la trayectoria de déficit y endeudamiento lo cual requerirá de una reforma fiscal que aumente la recaudación.
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