Tan justificado es el castigo a Salgado y Morón como la multa de más de seis millones y medio de pesos a Morena por los mismos motivos
Aventurar que los candidatos a gobernar Guerrero y Michoacán sean decididos “por el pueblo” en una consulta telefónica es un pésimo chistorete que por desgracia toman en serio los devotos de la 4T.
“Sería muy sencillo —dijo ayer el Presidente—, ahora que hay sistemas de estos de teléfono, los call center, que hoy y mañana el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación), con una empresa especializada, hiciera una encuesta en Guerrero y les preguntara a todos, a todos: ‘¿Quieres que participe este candidato o no?, ¿se le da la oportunidad de participar?, ¿se le acepta el registro o no?’, y hacer lo mismo en Michoacán. Estoy seguro que la gente va a decir: ‘Que participe’, aun los que no van a votar por ellos, porque no se debe de descalificar. En la democracia es el pueblo el que tiene la última palabra siempre…”.
Con el mismo azaroso criterio ni casillas electorales debieran montarse.
El sofisma para descalificar la resolución del INE sobre Salgado y Morón es el mismo que esgrimió antenoche Mario Delgado, líder nacional de Morena: la cancelación de registros fue por no justificar 19 mil tristes pesos. Falso por completo, no es la razón: la sanción procedió porque, como reconoció el Tribunal Electoral, se incumplió la obligación de rendir cuentas de ingresos y gastos de precampaña y se falsearon las declaraciones del partido y los aspirantes a la autoridad.
Tan justificado es el castigo a Salgado y Morón como la multa de más de seis millones y medio de pesos a Morena por los mismos motivos, sanción irrevocable y firme que aprobaron los magistrados electorales.
La perversa calumnia de que el INE trabaja para los “adversarios” de Morena se desmorona frente al hecho de que, entre 73 precandidatos a gobernador, nueve lo fueron del partido lópezobradorista y únicamente dos, Salgado y Morón, incumplieron las reglas electorales (en plena campaña están Alfonso Durazo, Layda Sansores, Indira Vizcaino, Miguel Ángel Navarro, Rubén Rocha, Celia Maya, Clara Luz Flores, Juan Carlos Loera y David Monreal).
El castigo al indefendible Salgado es porque, habiéndose asumido precandidato, lo negó después, no reportó a la autoridad los gastos y, emplazado para hacerlo, no lo hizo. Por transgredir las reglas y mentir se hizo acreedor a la única sanción legal expresamente contemplada, por más que para el Tribunal ese castigo sea “desproporcionado”.
Suavizar la sanción es pretender aminorar la falta porque no se trata de 19 mil pesos, sino de los distintos elementos que corroboran una conducta marrullera prevista por la ley. Equivale a sostener que pasarse un alto no es tan grave como para que al conductor se le retire la licencia sin tomar en cuenta que esquivó al agente que lo descubrió en la maniobra y quiso amonestarlo, pero en vez de detenerse continuó su recorrido pasándose otros altos, estuvo a punto de atropellar peatones y para evitar que huyera se requirió de un operativo aparatoso (y costoso).
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