El dictamen incluiría la figura jurídica para que los tribunales militares o civiles sancionen a los marinos vinculados con el crimen organizado
La Comisión de Marina del Senado de México aprobó la creación de una nueva Ley Orgánica de la Armada de México que endurece las penas contra agentes corruptos y pide castigar con “traición a la patria” a aquellos ligados con el bandas del narcotráfico.
Tras la votación, el presidente de la comisión, el senador Eruviel Ávila, avisó que añadiría al dictamen la figura jurídica para que los tribunales militares o civiles sancionen de esta forma a los marinos vinculados con el crimen organizado.
“Creo que es importante tomar acciones, serias, contundentes, como lo vienen haciendo las Fuerzas Armadas, y especificarlo en esta nueva ley innovadora”, manifestó Ávila, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La nueva ley es una propuesta del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para incluir las tareas y facultades adicionales que les ha encomendado en su Administración, como la seguridad pública, el control de puertos y la protección marítima.
En medio de críticas de la sociedad civil por el creciente rol de las Fuerzas Armadas, el senador Ávila aseguró que la Secretaría de Marina (Semar) está dispuesta a castigar con mayor rigor a los elementos que violen la ley.
“Platicaba con altos mandos de la Semar (sobre) la importancia de ser todavía más severos con aquellos miembros de Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, que se comprobara que fueran vinculados o estén relacionados con el narco”, sostuvo el legislador.
Las nuevas facultades de la Marina ocurren pese a las acusaciones que han recibido por violar los derechos humanos.
Apenas la semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que miembros de este cuerpo de seguridad desaparecieron a un hombre en el central estado de Guanajuato en 2018.
Mientras que en abril pasado un juez procesó a 30 agentes de la Marina relacionados con desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera norte del país.
A nombre de la Semar, el vicealmirante Benito Galeana argumentó que la legislación propuesta corrige la ley actual, que consideraba sanciones que no implicaban necesariamente la pérdida del empleo de marinos acusados.
“Esta falta de contundencia en la facultad sancionadora dio pie, entre otros, a actos de corrupción, siendo evidente la agobiante necesidad de acabar con esta. El combate a esta (la corrupción) es crucial, el servidor público no puede beneficiarse del cargo que ostente”, reconoció.
El vicealmirante también admitió los retos que implica realizar tareas de seguridad público, por lo que exhortó a aprobar la reforma.
“Estos años han sido complejos, decenas de compañeros han perdido la vida o han sido lesionados a consecuencia del cumplimiento del deber, actuando leal y patrióticamente, es ofensivo a su memoria el no sancionar a quienes lo merecen, es una afrenta a su sangre derramada”, manifestó.
Con información de EFE
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