De orates: con la 4T, el Ejército pasó de ser acusado de “crímenes de lesa humanidad” en La Haya, a crearle una empresa para que administre los proyectos de infraestructura estratégicos del país, porque la 4T no confía en la administración de civiles. Durante su gira de campaña por Nueva York, el hoy presidente le … Continued
De orates: con la 4T, el Ejército pasó de ser acusado de “crímenes de lesa humanidad” en La Haya, a crearle una empresa para que administre los proyectos de infraestructura estratégicos del país, porque la 4T no confía en la administración de civiles.
Durante su gira de campaña por Nueva York, el hoy presidente le dijo a padres de los 43 desaparecidos en Iguala, que “el reclamo debe ser a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”.
Cuando lo dijo, a su lado estaba el abogado al que la Corte Penal Internacional aceptó una denuncia contra el Ejército por “desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales o las amputaciones y decapitaciones”.
El abogado es Netzaí Sandoval, hermano de Irma Eréndira Sandoval y cuñado de John Ackerman, quienes cayeron en desgracia y Netzaí es un oscuro titular del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Pero en la campaña de 2018 era escudero del actual Jefe del Ejecutivo, quien entonces criticaba a los militares y marinos por su rigor en la lucha contra el crimen organizado, por lo cual prometió mandarlos a los cuarteles.
Y Netzaí conseguiría que los juzgaran en La Haya, apoyado por Lidia Cacho, quien dijo que “hay expedientes documentados que acreditan 470 casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y secuestros por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno”.
El entonces candidato pidió investigar a la Marina: “Tengo información de que mataron a menores de edad, fue una masacre”. Se refería a los marinos que habían ultimado a un capo del cártel de los Beltrán Leyva y a 11 sicarios en Nayarit.
Pero, ya en el poder, el presidente imitó al castrochavismo de Cuba, Venezuela y Nicaragua: basa su gestión en el Ejército y lo tiene donde hay dinero, las principales obras de construcción del país, bancos, Salud, Aduanas, Marina Mercante…
El Tren Maya y los aeropuertos de Santa Lucía, Palenque, Chetumal y Tulum, serán parte de una empresa manejada por los militares de por vida, para que de las ganancias de éstas paguen sus pensiones de retiro.
Es decir: los militares serán empresarios, al igual que lo son en Cuba, donde controlan los hoteles, agencias de viajes, renta de autos, importaciones y exportaciones, supermercados, aduanas, construcción, puertos, transporte, empresas inmobiliarias.
O en Venezuela, donde los militares controlan la compañía petrolera nacional PDVSA, la distribución de alimentos, divisas y materias primas, el tráfico, rellenan baches, limpian carreteras, restaurar escuelas y realizar otras obras públicas.
Se trata de una estrategia del castrochavismo encaminada a enseñar a los jefes militares a que el poder verdadero no está en comandar tropas, sino en manejar la lana.
Y eso provoca que, ya con la lana en la mano, no la quieran soltar jamás.
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