Becciu se declaró inocente en el juicio en su contra por irregularidades financieras en la gestión de fondos de la Secretaría de Estado vaticano
El excardenal italiano Angelo Becciu rechazó, durante el juicio en el que está imputado con otras nueve personas, las acusaciones de irregularidades financieras en la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado vaticano y aseguró que el papa Francisco cree en su inocencia.
Antes de ser interrogado en el proceso que comenzó hace cuatro meses, Becciu, exsustituto de la Secretaría de Estado para los Asuntos Generales (2011-2018), donde se gestiona la administración vaticana, tomó la palabra para una declaración en la que acusó que sobre él se ha lanzando “una masacre sin precedentes” de los medios de comunicación “con “una campaña violenta y vulgar”.
“Me han descrito como un hombre corrupto. Codicioso de dinero. Injusto con el papa y preocupado solo por el bienestar de mi familia”, dijo Becciu, quien aseguró que se ha tratado de una campaña para destruirlo.
El juicio busca aclarar algunas irregularidades en la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado como el caso de la compraventa, terminada en estafa para el Vaticano, de un edificio en el centro de Londres, que inicialmente costó una cantidad estimada de 175 millones de euros y que acabó creando pérdidas por 227 de euros.
Al inicio de la investigación, el papa Francisco retiró todos los derechos de cardenal a Becciu y lo apartó de su cargo como prefecto de la Congregación para la Causas de Los Santos.
“A pesar de la exageración de los medios, señor presidente y jueces, confío en la imparcialidad de su juicio”, añadió Becciu, quien destacó la necesidad de que se conozca la verdad sobre todo porque, dijo: “Se lo debo al papa porque recientemente declaró que creía en mi inocencia”.
“Nunca quise que un euro, o incluso un céntimo de los que he manejado, fuera desviado, mal utilizado o destinado a fines que no eran exclusivamente institucionales. Siempre he obrado por el bien de la Sede Apostólica y de toda la Iglesia”, aseveró.
Becciu debe responder además por los envíos desde los fondos de la Secretaría de Estado a la diócesis de Ozieri, en Cerdeña (Italia), región natal de Becciu y a la cooperativa Spes, que pertenece a los hermanos del expurpurado.
Sobre estas acusaciones, los abogados de Becciu, Fabio Viglione y Maria Concetta Marzo, explicaron que quedó claro que “estos fondos se enviaron para obras de caridad“. Una primera contribución, de 25 mil euros en 2015, solicitada por el obispo de Ozieri, se utilizó para reiniciar la producción de una panadería benéfica, diseñada por la diócesis, en convenio con la Caritas local, que fue destruida en un incendio, explicaron.
Mientras que la segunda aportación, de 100 mil euros en 2018, se abonó, de nuevo a petición del obispo de Ozieri, para apoyar la construcción de un centro multifuncional, denominado “Ciudadela de la Caridad”, destinado a dar, entre otras cosas, asistencia a personas mayores y refugiados.
Por otra parte, Becciu rechazó ser interrogado sobre la contratación de Cecilia Marogna, también imputada, como una especie de asesora de asuntos diplomáticos, ya que aseguró que se trata de “secreto pontificio”.
Al respecto, el Tribunal se reservó pedir información a la Secretaría de Estado vaticana sobre si esta información entra dentro del secreto pontificio y fijó las próximas audiencias que se celebrarán a partir del 30 de marzo con el resto de los interrogatorios.
Además de Becciu y Marogna están imputados el bróker Gianluigi Torzi; Enrico Crasso, financiero de referencia de la Secretaría de Estado, así como el expresidente y el exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente.
También monseñor Mauro Carlino, exsecretario de Becciu; el banquero Raffaele Mincione, el abogado Nicola Squillace y el funcionario de la Santa Sede Fabrizio Tirabassi.
Con información de EFE
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