La declaración del subsecretario sobre las confesiones bajo tortura, la fabricación de la “verdad histórica” y la manipulación de “la escena del crimen” parte del abismal error de imaginar que la PGR montó el caso en declaraciones de los detenidos que fueron sacadas por la fuerza
El subsecretario Alejandro Encinas diferenció el viernes la versión de su Comisión para la Verdad de la sostenida por la extinta Procuraduría General de la República. La disimilitud, alardeó, es “sustancial y de fondo: la ‘verdad histórica’ se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen”.
Lo de la elaboración de “pruebas” es tan delicado como criminal pues implica responsabilidades penales en los agentes del Ministerio Público Federal que participaron en las investigaciones; peritos certificados en diversas disciplinas por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, así como del Instituto Mexicano del Petróleo; eminencias mundiales en materia de fuego, criminalística, criminología, entomología, botánicos forenses, patólogos, y demás que cuyo trabajo da sustento a la “verdad” histórica (o no, sobran los adjetivos), la que nadie ha podido echar abajo. Eso de la “manipulación” parte del supuesto de que la PGR adulteró el lugar del hecho delictuoso: el basurero de Cocula y el río San Juan.
La declaración del subsecretario sobre las confesiones bajo tortura, la fabricación de la “verdad histórica” y la manipulación de “la escena del crimen” parte del abismal error de imaginar que la PGR montó el caso en declaraciones de los detenidos que fueron sacadas por la fuerza.
Suponiendo sin conceder que las confesiones bajo tortura fueron determinantes para inventar una patraña, vale la pena separar las comprobadas de las que no:
De los nueve perpetradores que confesaron y describieron en declaración oficial los sucesos en el basurero y el río, se demostró tortura en cuatro y sus declaraciones no tienen valor probatorio, no pueden ser utilizadas como evidencia. Las restantes cinco tienen indiscutible valor judicial.
En su Informe Doble Injusticia sobre el caso, Derechos Humanos de la ONU presumió que 34 inculpados fueron torturados. Y en su Primer Informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reportó la posibilidad de que más de 80 hubieran sido sometidos a tortura, pero en su Segundo Informe redujo sus expectativas a solo 17 casos. Nada pues que ver las cifras de la ONUDH y del GIEI con los 77 casos que hoy se afirma.
Estos son los nueve que refieren los sucesos de la “verdad histórica”: Jonathan Osorio Cortéz, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato; Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Gildardo López Astudillo, El Gil; Agustín García Reyes, El Chereje; Bernabé Sotelo Salinas, El Peluco; Cruz Sotelo Salinas, El Oaxaco, y Juan Miguel Pantoja Miranda, El Pajarraco.
Todos, con excepción del último, hicieron la descripción pormenorizada de los hechos del basurero y del río en sus declaraciones ministeriales. Y El Pajarraco no “cantó” ante policías ni militares, sino rindió testimonio estando en prisión a los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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