La gira de la relatora de la ONU ocurre tras invitación del Gobierno para atestiguar la situación del desplazamiento forzado interno
La relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary, inició este lunes una visita en territorio mexicano, donde la violencia ha desplazado a cientos de miles de sus hogares.
La gira de la relatora de la ONU ocurre tras una invitación del Gobierno de México para atestiguar la situación del desplazamiento forzado interno (DFI) hasta el 9 de septiembre, cuando rendirá un informe público de su viaje, según expuso la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado.
Es la primera vez que México recibe a una representante de la relatoría, que se conformó en 2010, destacó el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas.
“En México, estamos abiertos al escrutinio internacional, no solo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino porque sabemos que el trabajo colaborativo con organismos internacionales nos fortalece como gobierno”, declaró el funcionario.
La visita de Jimenez-Damary, de origen filipino, sucede mientras la violencia y los conflictos en México han provocado el desplazamiento forzado interno de 379 mil personas, según reveló en junio el “Manual sobre desplazamiento interno” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El fenómeno ha afectado, en particular, a poblaciones indígenas del sureste y noroeste del país, donde grupos armados han forzado a los habitantes a abandonar sus hogares y mudarse a otras regiones.
“En México se han documentado casos de desplazamiento forzado interno desde la década de los 70. Sin embargo, fue hasta 2019 cuando de manera oficial se reconoció la existencia y gravedad de este fenómeno”, señaló la Segob en su boletín.
En este contexto, la relatora se reunirá con autoridades de Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero y Chiapas para dialogar con personas que enfrentan el desplazamiento interno.
También conversará con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, representantes del Congreso, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
En las declaraciones al inicio de su visita, el subsecretario Encinas reconoció “el abandono institucional a todas estas víctimas en el pasado, especialmente a las de DFI”.
“(Esto) trajo como resultado la falta de atención, e impidió y postergó la construcción de un andamiaje institucional mínimo de atención, respuesta y prevención, y propició la inexistencia de un marco normativo adecuado y robusto que brindara una respuesta efectiva”, concluyó.
Con información de EFE
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