El 6 de noviembre de 2020, la administración federal impulsó una serie de reformas que incluyeron la eliminación de la primera fracción del artículo 132 de la Ley General de Víctimas
Organizaciones civiles mexicanas exigieron este miércoles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anule la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV), que impulsó el Gobierno federal para eliminar la obligación de dar un porcentaje mínimo del presupuesto anual para la atención hacia las víctimas.
Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) presentaron un amparo a principios de 2021 contra la reforma, que se votará en la SCJN el próximo 9 de agosto, proyecto que fue llevado a la corte por el ministro Luis González Alcántara con el objetivo de conceder un mínimo presupuestal para las víctimas.
“Hacemos un llamado a los ministros a aprobar el proyecto presentado por el ministro Alcántara para dar un mensaje contundente: ni un paso atrás en los derechos de las víctimas que ellas han conquistado”, remarcó César Contreras, abogado del Prodh.
El 6 de noviembre de 2020, la administración federal impulsó una serie de reformas que incluyeron la eliminación de la primera fracción del artículo 132 de la Ley General de Víctimas.
Dicha fracción establecía la asignación obligatoria de un porcentaje mínimo del presupuesto anual para la atención a víctimas y la prohibición de utilizar estos recursos para cualquier otro propósito.
Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh, expresó a EFE que la justificación presentada para la reforma fue destinar el presupuesto a la crisis derivada de la covid-19.
Sin embargo, esta justificación ya carece de validez, puesto que la situación de emergencia ha sido declarada como concluida.
“Por este motivo, instamos a la corte a que anule la reforma”, subrayó.
Contreras aseguró que lo que propone el proyecto es llegar a la misma situación que había antes de la reforma, con el 0,014 % del presupuesto de Egresos de la Federación, para satisfacer las necesidades colectivas.
Esta ley consiste en dar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto (…) así como tener acceso a la justicia en condiciones.
María Herrera Magdalena, defensora de los derechos humanos, resaltó que están pidiendo a la Suprema Corte que se mantenga este apoyo “porque es algo mínimo”.
Herrera, que perdió a 4 hijos y no tiene ninguna información de su paradero, reclamó que las diferentes organizaciones civiles hagan acto de presencia contra la corte para que puedan ver el sufrimiento de las víctimas.
La defensora de los derechos humanos hizo un llamado enfático a la SCJN para que tome una decisión justa y favorable a favor de las víctimas, reconociendo el arduo esfuerzo y la incansable lucha que han sostenido durante años.
Con información de EFE
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