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Más allá de su eventual importancia para el esclarecimiento de delitos específicos, la captura en Cuernavaca, Morelos, del presidente municipal de Cocula, Guerrero, Eric Ulises Ramírez, en compañía de Adán Zenen Casarrubias, alto jefe de Guerreros Unidos, sirvió ya para dejar en claro la inutilidad de que los partidos políticos entreguen sus listas de candidatos a la PGR para: a) asegurarse de postular a personas ajenas a la delincuencia y/o, b) echarle la culpa a la institución cuando los elegidos se vuelven testaferros de la delincuencia.

Sensato, el dirigente estatal de la corriente Democracia Social del PRD, Raymundo García, evitó adelantar juicios y pidió que la investigación sea clara.

Menos precavido, el líder nacional, Carlos Navarrete, dio por sentada la probable culpabilidad y se apresuró a decir que la PGR no le informó sobre presuntos vínculos del alcalde con el crimen organizado.

Se equivocó: la PGR puede extender certificados de no antecedentes penales, pero quebrantaría la ley si diera cuenta de investigaciones ministeriales en curso…

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