Critica semanario católico a políticos “chapulines”

El semanario católico Desde la Fe criticó a los políticos que abandonan su cargo para aspirar a otro de un poder mayor, en especial en el Distrito Federal, calificando sus acciones como indignantes y escándalosas.

El semanario de la Arquidiócesis de México explica que quienes abandonan su cargo muestran desprecio por la ciudadanía que los eligió.

“Se van, sin responder del manejo del poder y el dinero públicos conferido por la soberanía del pueblo a través del voto”, señaló.

La publicación critica también los ilícitos cometidos por ediles y jefes delegacionales, los cuales, afirma, muestran el desprecio de las dirigencias de los partidos por el bien común y el orden público.

Escribe que “es una especie de interés mafioso que consiste en beneficiar a sus allegados en las diversas corrientes políticas que devoran la vida interna de los institutos políticos y el dinero de los impuestos de los ciudadanos”.

Por último, llama a una reforma legal que impida el surgimiento de “chapulines”, que brincan de puesto sin rendir cuentas a quienes los han elegido.

Aquí el texto completo:

¿Cómo confiar en nuestra democracia?

El Poder Legislativo de la Unión reformó el sistema electoral para garantizar seguridad, equidad, transparencia y austeridad en la vida de los partidos y los procesos comiciales. Hasta el cansancio, durante esas discusiones, la sociedad fue persuadida de las bondades del nuevo marco jurídico transformador de las instituciones, originando un todopoderoso Instituto Nacional Electoral que centralizó las competencias de las autoridades estatales  para impedir que gobernadores y otros actores indeseables afectaran la equidad electoral, obligando a los Estados a adecuar sus legislaciones respectivas.

Con las precampañas comienzan a verse las limitaciones y lagunas del marco electoral. Y es que, a fin de alcanzar un “güeso” y para seguir viviendo del presupuesto, funcionarios locales y representantes populares comenzaron a brincar los chapulines para asegurar su nombre en boletas electorales o listas de los partidos para una curul en la Cámara de Diputados.

Resulta indignante y escandaloso el caso de la Ciudad de México, donde diez de los dieciséis jefes delegacionales -mostrando el mayor desprecio a la ciudadanía que los eligió-, piden licencia para amarrar un asiento en la ALDF o la Cámara de Diputados. En principio, los ambiciosos peticionarios de las licencias no rinden cuentas claras de su gestión, no hay transparencia sobre su administración y no hay auditorías creíbles de sus administraciones. Se van, sin responder del manejo del poder y el dinero públicos conferido por la soberanía del pueblo a través del voto.

Por otro lado, los escándalos sobre los presuntos ilícitos cometidos por ediles y jefes delegacionales demuestran el desprecio de las dirigencias partidistas por el bien común y el orden público y dejan al descubierto que su único interés es una especie de interés mafioso que consiste en beneficiar a sus allegados en las diversas corrientes políticas que devoran la vida interna de los institutos políticos y el dinero de los impuestos de los ciudadanos

Si México quiere transitar hacia una verdadera democracia y no simulaciones de ésta, urgen las reformas legales que impidan el oportunismo de los políticos chapulines que brincan de puesto sin rendición de cuentas. De igual forma, es imperativo acabar con los clanes y grupos que concentran el poder desmedido en el seno de los partidos que, en la elección del 2018, podrían beneficiarse, bajo mañas y argucias, de la reelección creando bloques consolidados por esa figura para prolongarse en cargos opacos, ineficaces y, en el extremo, encubridores de hechos delictivos, como fueron los cometidos por alcaldes que fundaron imperios del crimen en sus municipios.

Bajo este panorama, el electorado formula preguntas que deberían tener respuestas contundentes. ¿Cómo confiar en partidos y candidatos cuya credibilidad va a la baja, actúan como mafias de poder y sólo ven por intereses grupales y personales? ¿Cómo confiar en un sistema electoral que no blinda la designación de precandidatos capaces y libres de cualquier nexo perjudicial del bien común? ¿Cómo confiar en nuestra democracia?