“El Chapo”, extraditar o no

Se puede perder la razón al defenderla. Florestán

Tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, el viernes pasado, en Los Mochis, ha surgido una discusión nacional sobre su destino: si es extraditado a Estados Unidos, donde lo reclaman cortes federales en nueve estados, o es procesado en México.

Los argumentos de la calle no son jurídicos, pasan por la cárcel. Los que están a favor de su extradición argumentan, y no sin razón, que allá no se fugaría, como ha hecho aquí dos veces, en enero de 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, y en julio de 2015, de El Altiplano.

Este argumento retrata un sentir generalizado sobre el poder del criminal, que desde la cárcel extendió sus narconegocios, y la inseguridad del Sistema Penitenciario Mexicano, donde, salvo algunos penales federales, domina el autogobierno de los reos, lo que ha convertido a las cárceles en su santuario para continuar delinquiendo desde esa protección.

Ambos escenarios, poderío del narcotraficante y fragilidad de los penales, hablan de las debilidades crónicas del Estado mexicano y del estado de derecho. Aceptar extraditarlo para evitar que se fugue desgasta aún más esa percepción de debilidad y ratifica las dudas sobre el Sistema Penitenciario y el Poder Judicial mexicanos.

Sé que la extradición está prevista en la Constitución, pero también sé que la misma Constitución señala las responsabilidades del Estado mexicano y si bien esa ley suprema permite ese recurso, no lo hace obligatorio, permitiendo que un delincuente sea procesado primero en México y previendo la posibilidad de la extradición temporal para, una vez sentenciado aquí, ser entregado a otro país, en este caso Estados Unidos, y ser juzgado en él, y una vez condenado, traerlo de regreso a cumplir su sentencia, a cuyo término sería devuelto para cumplirla allá.

Soy de la idea de que renunciar a procesar a Guzmán Loera en México y extraditarlo ya es dar un paso atrás en la soberanía y dejar la imagen de que México no puede, por incapacidad o corrupción, y ellos sí.

RETALES

1. Plazo. Este mes deben estar consumadas todas las alianzas partidistas de cara a las 12 elecciones de gobernador el 5 de junio. Tras el triunfo de Agustín Basave sobre las famiglias perredistas, está en caso Tlaxcala donde el PRD elegirá candidato mientras. Lo que pasa es que la senadora perredista Lorena Cuéllar no quiere ceder;

2. Lodo. El domingo hay elecciones extraordinarias en Colima, donde la final va entre el priista José Ignacio Peralta y el panista José Luis Preciado. La constante ha sido el lodazal, que es nada comparado con lo que vamos a ver en las campañas para junio; y

3. Baja. Es una pérdida para el GDF la salida del doctor Rafael Camacho Solís de la Dirección del Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones. Desconozco las razones, pero lo van a extrañar y les va a hacer falta.

Nos vemos el martes, pero en privado

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