La denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por un presunto plan para encubrir a los iraníes sospechosos de un atentado terrorista en 1994, quedó virtualmente enterrada este lunes con la decisión del fiscal general ante la Cámara de Casación Penal para no dar curso a la acción penal. La denuncia había sido presentada el 14 … Continued
La denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por un presunto plan para encubrir a los iraníes sospechosos de un atentado terrorista en 1994, quedó virtualmente enterrada este lunes con la decisión del fiscal general ante la Cámara de Casación Penal para no dar curso a la acción penal.
La denuncia había sido presentada el 14 de enero por el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto cuatro días después por causas que la justicia todavía investiga.
“No es posible avanzar en las propuestas procesales de prueba de algunos hechos de la denuncia, porque tales hechos no configuran delito”, dijo en su resolución el fiscal Javier De Luca quien desistió de dar curso a la apelación presentada contra dos fallos de instancias inferiores que habían desestimado la denuncia de Nisman.
La Cámara de Casación Penal, no tiene razón para intervenir en el caso y por lo tanto la denuncia de Nisman no puede avanzar.
No obstante, el caso podría reabrirse si aparecieran nuevas pruebas. “El caso no encaja en el grupo de investigaciones cuya clausura es considerada prematura, porque en autos lo que se pretende es la investigación de conductas que no constituyen delito alguno”, sostuvo De Luca.
El fallo se conoció a poco de cumplirse tres meses de la muerte de Nisman, quien apareció con un disparo en la cabeza cuatro días después de acusar a la presidenta de intentar encubrir a los responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas.
Según Nisman, el gobierno acordó un plan con Irán para proteger a sus ciudadanos acusados del ataque. En enero de 2013 los dos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento bajo el argumentación de avanzar en la investigación del atentado. Sin embargo, no entró en vigor porque fue declarado inconstitucional por una corte federal.
El objetivo oculto de esta maniobra, según Nisman, era restablecer las relaciones comerciales entre ambos países e intercambiar granos por petróleo, en un contexto de crisis energética en Argentina.
Nisman, quien basó su acusación principalmente en conversaciones telefónicas, denunció que una comisión de la Verdad contemplada en el memorándum era un mero órgano de fachada, ya que ambos países tenían previsto que la misma garantizara la impunidad de cinco de los ocho iraníes acusados, sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol. La comisión debía ser integrada por un grupo de juristas internacionales.
La presidenta negó las acusaciones de Nisman y dijo que el memorando era la única vía para sacar de la parálisis a la causa judicial por el atentado, que la justicia argentina atribuyó al grupo extremistas islámico Jezbolá, con apoyo de Irán. Teherán ha rechazado esta acusación.
“No es la Argentina ni la República Islámica de Irán por sí mismos, ni el acuerdo entre ambos países, los que podrán generar automáticamente la baja de las alertas rojas, de modo que, toda construcción argumental respecto de que ése era el nudo del acuerdo, se cae por su propio peso”, indicó De Luca.
La denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman, que la justicia investiga si fue homicidio o suicidio, fue un duro golpe para el gobierno de Fernández, quien atribuyó ambos hechos a una maniobra desestabilizadora por parte de un sector de los servicios de inteligencia enfrentados con su gobierno.
Tras la resolución de De Luca, quien se valió de argumentos similares a los presentados primero por un juez federal y luego una corte federal para desestimar la denuncia de Nisman, el jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández reclamó “investigar a los autores ideológicos de esta maniobra ridícula y bochornosa contra nuestro país”.
Redacción
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