El gobierno de Veracruz negó las acusaciones diciendo que cada empresa sigue declarando impuestos y sí cumplieron con lo acordado
El gobierno de Javier Duarte en Veracruz creó empresas fantasmas, supuestas proveedoras del gobierno, con las cuales se logró el desvío de 645 millones 693 mil pesos, tan solo entre 2012 y 2013.
Todo empezaba con una firma de promotores del voto para el PRI, las cuales eran usadas para abrir empresas falsas. Una vez que ganaban licitaciones y recibían el dinero, estas desaparecían con el dinero ganado.
Sin embargo, los beneficiados de los productos que supuestamente iban a entregar estas empresas nunca recibieron ni cemento, ni papel, ni pañales. Entre estos los damnificados por desastres naturales.
Los responsables son los funcionarios de las secretarías de Protección Civil, Educación, y Desarrollo Social, así como el DIF estatal; quienes firmaron 73 contratos con 21 empresas. Estos se encuentran en el grupo político de Javier Duarte, varios de ellos con acusaciones de corrupción que siguen en la impunidad.
Se encontró que las direcciones de estas 21 empresas se ubican en lotes baldíos, viviendas o negocios, los cuales aseguran que nunca han fundado una empresa de tal estilo, ni que hayan recibido contratos millonarios.
Algunos involucrados en esta red de desvío de recursos y corrupción son.
- Edgar Spinoso, diputado federal y exoficial mayor de la Secretaría de Educación, removido por la Auditoría Superior de la Federación por peculado.
- Vicente Benítez González, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol-Veracruz, donde anunció el programa de “tiendas comunitarias”, el cual es inexistente. También fue tesorero estatal cuando se decomisó una maleta de 25 millones de pesos en enero de 2012. Hoy busca una diputación estatal.
- Tarek Abdalá Saad. Diputado federal. Investigado por desvío de 2 mil millones de pesos como tesorero de Veracruz, tras sustituir a Benítez González.
Para conocer la investigación completa, puede entrar al siguiente enlace.
El gobierno de Veracruz responde
A través de un comunicado, el gobierno de Veracruz negó las acusaciones de la investigación de Animal Político, asegurando que las empresas deben contar con ciertos requisitos para ser proveedoras de gobierno y que las mencionadas siguen activas, declarando impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria.
“Los servicios prestados por estas empresas cumplieron satisfactoriamente con las metas del contrato y el Gobierno del Estado pagó de manera puntual las obligaciones”, asegura el comunicado.
Aseguran que los productos fueron entregados y para comprobarlo, se tienen pruebas documentales y fotográficas.
Con información de Animal Político
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