El gobierno de Trump asegura que se trata de un ejercicio legal de la autoridad presidencial sobre la entrada de extranjeros a EE.UU.
El gobierno estadounidense pidió hoy a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito que restablezca el veto contra inmigrantes o refugiados de siete países musulmanes, bajo el argumento de que es legal y consistente con la autoridad presidencial.
“La orden ejecutiva es un ejercicio legal de la autoridad presidencial sobre la entrada de extranjeros a los Estados Unidos y la admisión de refugiados”, afirmó el documento presentado por abogados del Departamento de Justicia.
Tras recibir la documentación del gobierno del presidente Donald Trump esta tarde, y la posición de los procuradores de los estados de Washington y Minesotta por la mañana, la Corte fijó una audiencia para escuchar argumentos orales el martes a las 18:00 horas.
La administración Trump pidió en su moción que la Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco, invalide el fallo del juez federal de Seattle, James Robart, que suspendió la implementación de la orden ejecutiva dictada la semana pasada por Trump.
“Los extranjeros fuera de los Estados Unidos carecen del derecho al debido proceso en relación con su intención de obtener la entrada al país”, indicaron los abogados del gobierno federal.
Asimismo, justificaron la selección de los siete países, Irán, Irak, Libia, Siria, Sudán, Somalia y Yemen, a cuyos nacionales se prohibió la entrada.
En la madrugada, los procuradores de Washington, Robert Ferguson, y de Minnesotta, Lori Swanson, pidieron al tribunal mantener en suspenso el veto, para evitar “la separación de familias, afectación a estudiantes y profesores y bloqueo de viajes”.
“Los acusados argumentan que la seguridad nacional requiere de estas afectaciones, pero la Corte no debe permitir las violaciones constitucionales sólo con base en la invocación sin fundamento de las preocupaciones de seguridad nacional”, subrayaron.
Su documento fue apoyado con una moción amicus curiae (amigos de la Corte) de un grupo de prominentes exfuncionarios de inteligencia y seguridad, y por un centenar de las mayores firmas tecnológicas del país, como Apple, Google, Microsoft y Netflix.
“La orden representa una desviación significativa de los principios de justicia y predictibilidad que han gobernado el sistema migratorio de los Estados Unidos por más de 50 años”, señalaron las empresas.
Asimismo, argumentaron que la orden ejecutiva del presidente Trump “provoca un daño significativo a los negocios estadounidenses, la innovación y el crecimiento”.
“La orden ejecutiva hace más difícil y oneroso que las empresas estadounidenses pueden reclutar, contratar y retener a algunos de los mejores empleados a nivel mundial, y desquicia las operaciones del negocios”, remataron.
La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito rechazó el domingo la petición de emergencia de la administración para restablecer el veto a la entrada de inmigrantes de los siete países, de mayoría musulmana, y mantuvo vigente el fallo preliminar del juez Robart.
Se prevé que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia, que en este momento dispone sólo de ocho de sus nueve magistrados, por lo que en caso de un empate en el máximo tribunal, se mantendría el fallo de la corte inferior inmediata.
Redacción
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