La efectiva comunión del gobierno electo con el Ejército y la Marina, tira la intención política con la que ciertos grupos pretenden mezclar a los militares en el Caso Iguala, en el cual no habrá vuelta de hoja, por mucho que le busquen: el narco fue quien desapareció a los 43 de Ayotzinapa. Incluso, ayer … Continued
La efectiva comunión del gobierno electo con el Ejército y la Marina, tira la intención política con la que ciertos grupos pretenden mezclar a los militares en el Caso Iguala, en el cual no habrá vuelta de hoja, por mucho que le busquen: el narco fue quien desapareció a los 43 de Ayotzinapa.
Incluso, ayer la Policía Federal capturó a implicado número 121: Juan Miguel “N”, El Pajarraco, quien habría participado en el traslado de los normalistas en una camioneta de redilas hacia el basurero de Cocula, Guerrero, donde sus cuerpos fueron incinerados.
Hasta esta detención, iban 120 procesados por el Caso Iguala, aunque
solo 71 están acusados del secuestro de los estudiantes, debido a que el resto presentó recursos legales propios de la estrategia de esos grupos que intentan meter, con fórceps, al Ejército en el caso.
Fue esa estrategia (impulsada por quienes lucran con la causa de los derechos humanos) la que consiguió, el pasado 4 de junio, que un Tribunal Colegiado de Circuito accediera a la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala.
De todos modos, el arranque de esa Comisión está en el aire, por una suspensión provisional concedida por los magistrados del Tribunal Colegiado a la PGR y a la consejería jurídica de la Presidencia de la República.
Pero pocos se llaman a engaños en este asunto: lo que quieren esos grupos es vincular a los militares en el Caso Iguala, en buena medida insuflados por señales a favor de su causa, que observaron durante la pasada campaña electoral.
Por ejemplo, el a la postre candidato ganador, respondió: “El reclamo debe ser a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”, al reclamo que le hizo en Nueva York, Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos.
Incluso, un abogado que busca condenar al Ejército Mexicano de crímenes de lesa humanidad es cercano a Morena: Netzaí Sandoval, a quien la Corte Penal Internacional aceptó una denuncia por “desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante la guerra contra el narco”.
Aunque los señalamientos del ganador, acerca de los militares, correspondieron al calor de la campaña. La semana pasada reiteró que el próximo secretario de la Defensa Nacional “será un militar en activo del más alto rango, honesto y leal a la patria”.
Y, contrario a su discurso de campaña, ya anunció que las Fuerzas Armadas seguirán patrullando las calles: “Quiero ser lo más claro posible, sincero. Si no contamos con el apoyo del Ejército y la Marina no podríamos enfrentar el problema de la seguridad”.
En todo caso, en Iguala no fueron los militares.
Está probado que fue el crimen organizado.
Minuto a minuto
