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Hace bien Luis Raúl González Pérez en insistir en que la PGR satisfaga los pendientes de la investigación sobre el caso Iguala contenidos en la CNDH que preside y demandar se le haga caso a la institución para que el profesor de educación física Erick Uriel Sandoval Rodríguez, con quien se cometió la confusión atroz de consignarlo como si fuera el delincuente apodado La Rana, sea liberado.

Esta semana, en que se cumplen cuatro años del crimen que cometió la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos contra la vida de los normalistas de Ayotzinapa, se reunirá con los padres que siguen clamando por justicia.

Será oportuno que, en ese encuentro, González Pérez haga también algo a que, con o sin denuncia de por medio, está obligado desde el punto de vista ético: hacerles notar que su injusta guerra contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal es una afrenta a la razón, pero también vulnera los derechos humanos del servidor público que hizo posible la identificación de al menos uno de los jóvenes victimados y cuyos cuerpos fueron quemados hasta su carbonización en el basurero de Cocula.