En el motu proprio (por propia voluntad), se establece una “reorganización completa” de la Gobernación del Vaticano
El papa Francisco emitió un decreto con el cual reformó la legislación interna para la administración del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, el más pequeño del mundo y compuesto por apenas 44 hectáreas.
Con un “motu proprio” (de propia voluntad), dado a conocer la tarde de este jueves, pero que lleva fecha del 25 de noviembre pasado y entrará en vigor el 7 de junio de 2019, se establece una “reorganización completa” de la Gobernación vaticana, el ente que controla la operatividad del Estado papal.
Entre los principios que guían esta reforma destacan la “funcionalidad”, la “transparencia”, la “coherencia normativa” y la “flexibilidad organizativa”.
El objetivo principal es el adelgazamiento de una estructura de la cual dependen todos los trabajos de manutención del Estado Vaticano, la gestión de los contratos y licitaciones, de los almacenes así como otras dependencias como la Gendarmería, los Bomberos, los Museos Vaticanos y las Villas pontificias.
Desde su elección al pontificado, en marzo de 2013, el papa Francisco manifestó su deseo de impulsar una reforma a diversos niveles en las estructuras vaticanas, y por eso encargó al actual gobernador del Estado vaticano, Giuseppe Bertello, conducir una serie de consultas al respecto.
Entre 2017 y 2018, una comisión especial condujo las tareas necesarias para la redacción de la nueva normativa, echando mano de las propuestas presentadas por un grupo consultivo, que trabajó en el tema desde 2015.
Entre los resultados concretos destaca la reducción de las direcciones en las que está compuesto el gobierno de nueve a siete, mientras las oficinas centrales pasan de cinco a dos.
El Registro Civil, la oficina de Residencia y el Notario fueron unidos en una única Oficina Jurídica, además de suprimir la oficina dedicada a los peregrinos y turistas.
Así, con la nueva reforma, se reforzará la descentralización, disminuyendo las obligaciones administrativas formales “ligados a una excesiva verticalización de los procedimientos” y estableciendo que los titulares de direcciones y oficinas son responsables de sus actos individuales, de la seguridad de los lugares de trabajo y de la protección de los datos.
Con información de Notimex
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