La Nica-Act es una ley estadounidense que restringe el acceso de Nicaragua a créditos de organismos multilaterales
El gobierno de Daniel Ortega urgió este lunes a la oposición a trabajar por el levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre Nicaragua, aplicadas tras la represión a las protestas antigubernamentales iniciadas hace un año.
“Lo menos que pueden hacer es tomar acuerdos, consensuar el llamado a la comunidad internacional para cesar con la Nica-Act y todas las medidas unilaterales e injustas que tomen otros países”, demandó el canciller Denis Moncada, jefe de la comitiva de gobierno ante el diálogo.
La Nica-Act es una ley estadounidense que restringe el acceso de Nicaragua a créditos de organismos multilaterales.
Moncada señaló que el cese de las sanciones “es un punto esencial” para el gobierno en las negociaciones con la oposición en busca de una salida a la crisis que vive el país.
El canciller hizo el llamado a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que representa a los empresarios, estudiantes y organismos civiles, previo a una reunión en la que las partes intentar superar el estancamiento de las negociaciones.
La Alianza, por su lado, señaló en un comunicado que ” las sanciones internacionales” que fútilmente el gobierno quiere pedir que se levanten son consecuencia” de la restricción a las libertades públicas impuesta por el gobierno en medio de la crisis.
“Que liberen a los rehenes, permitan expresarnos, marchar, ser informados, el retorno de los exiliados, que respeten el debido proceso, que cese la represión, que permitan elecciones trasparentes y adelantadas”, exigió el economista Juan Sebastián Chamorro, un delegado opositor, en su cuenta de la red Twitter.
Las conversaciones comenzaron el 27 de febrero y concluyeron el 3 de abril con acuerdos parciales, como el compromiso del gobierno de liberar a todos los opositores presos por participar en las protestas, así como restituir las libertades públicas.
Las partes no lograron consenso sobre la democratización del país, que incluye la propuesta opositora de adelantar las elecciones de 2021.
Según grupos de derechos humanos, la represión estatal contra las protestas del año pasado dejó al menos 325 muertos, cientos de presos, más de 62 mil exiliados y daños graves a la economía nicaragüense, uno de los países más pobres de América Latina.
La oposición acusa al gobierno de incumplir con la liberación de los presos, y señala que los 236 opositores excarcelados desde abril permanecen bajo un régimen de casa por cárcel con procesos pendientes.
Denuncia además que el gobierno sigue prohibiendo y reprimiendo el derecho a la protesta.
El gobierno recordó este lunes en un comunicado que tienen hasta el 18 de junio para liberar a todos los detenidos.
Con información de AFP
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