España prevé caída de 9.2 por ciento del PIB en 2020

El gobierno español prevé que el desplome de su economía por la crisis del coronavirus llegue al 9.2 por ciento en 2020 y que la tasa de desempleo suba al 19 por ciento, en tanto que el aumento del gasto y la disminución de ingresos asociados a la lucha contra la pandemia de COVID-19 dispararán el déficit público al 10.34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Esta caída sin precedentes del PIB y la vuelta a niveles de desempleo de 2016 se incluyen en las nuevas previsiones del Programa de Estabilidad 2020-2021 remitido a Bruselas, que este viernes presentaron en rueda de prensa la vicepresidenta para asuntos económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La contracción económica será consecuencia del desplome del consumo de los hogares (8.8 por ciento) y del hundimiento de la inversión (25.5 por ciento) y las exportaciones (27.1 por ciento), explicó Calviño, que ha dicho que la economía tocará fondo en el segundo trimestre de este año y se recuperará en forma de una “V asimétrica” que vista sobre el papel se asemeja al símbolo de la raíz cuadrada.

El rebote del PIB será del 6.8 por ciento en 2021, año en el que se espera que el consumo se recupere un 4.7 por ciento, que la inversión rebote el 16.7 por ciento y que las exportaciones crezcan el 11.6 por ciento, mientras que las importaciones subirán un 9.3 por ciento, en coherencia con el aumento del consumo y la inversión nacional.

Según las previsiones, el empleo avanzará en 2021 el 5,7 por ciento, lo que permitirá disminuir la tasa de paro al 17.2 por ciento.

Calviño aseguró que aunque la incertidumbre aún es muy grande, desde la segunda quincena de abril se observa una estabilización en indicadores de alta frecuencia como la demanda eléctrica, el pago con tarjetas o la afiliación a la Seguridad Social.

El impacto sobre las cuentas públicas también será significativo, dado que las medidas puestas en marcha para paliar la crisis provocarán un aumento en 2020 del gasto público del 10.5 por ciento, hasta 576 mil 714 millones de euros, mientras que los ingresos caerán un 5.3 por ciento, hasta 461 mil 43 millones.

El déficit público se elevará a 115 mil 671 millones y registrará el nivel más alto desde el cierre de 2012, cuando llegó al 10.7 por ciento del PIB, ha destacado Montero, que ha dicho que el Gobierno no está en condiciones aún de saber cuánto podrá bajar el déficit en 2021, una estimación que deja para el proyecto presupuestario del año próximo que se aprobará “en tiempo y forma”, antes de que acabe septiembre.

Para financiar el déficit aumentará el endeudamiento, lo que llevará la deuda pública a un máximo histórico del 115.5 por ciento del PIB en 2020, en tanto que los intereses del pago de esa deuda subirán un 2 por ciento, hasta 29 mil 19 millones.

En 2020 todas las figuras impositivas disminuirán su recaudación, con caídas del 2.4 por ciento para el IRPF (hasta 96 mil 655 millones), del 8.7 por ciento para el impuesto de sociedades (hasta 23 mil 592 millones), del 5.2 por ciento para el IVA (hasta 76 mil 731 millones), del 6.4 por ciento para los impuestos especiales (hasta 21 mil 672 millones), del 37.9 por ciento para el impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y del 5.75 por ciento para las cotizaciones.

En la caída de las cotizaciones se incluye el impacto por la exoneración del pago de cuotas tanto de los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como de los autónomos en cese de actividad.

Ambas cosas, junto con el deterioro temporal del mercado de trabajo, van a suponer un descenso de las cotizaciones en 9 mil 227 millones, situación que el gobierno prevé que remonte en 2021, una vez superada la emergencia sanitaria y dado el carácter transitorio de las medidas.

A ello se suma el gasto por importe de 17 mil 894 millones de las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTE.

En total, el Ejecutivo cifra en 138 mil 923 millones el impacto presupuestario de todas las medidas adoptadas.

Montero ha descartado subidas de impuestos para paliar la merma de los recursos públicos, ya que la estrategia de recuperación pasa por proteger la renta de los ciudadanos para que crezca de nuevo el consumo en cuanto se vaya recuperando la normalidad.

Por la misma razón también ha desechado ajustes del gasto público, como una eventual congelación o baja de los salarios de los empleados públicos.

Dijo, no obstante, que se acelerará la tramitación parlamentaria de los impuestos sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras, aunque ha considerado que solo el digital podría estar en vigor antes de que termine el año, en el ultimo trimestre.

Con información de EFE