El dueño de Grupo R y contratista de PEMEX, Ramiro Garza Cantú, es uno de los señalados en las filtraciones de Panamá Papers
Las operaciones foráneas de Grupo R Exploración Marina son lícitas, aseguró el director de Planeación del organismo, tras las filtraciones de Panamá Papers.
De acuerdo con Enrique Tovar, director de Planeación de Grupo R, las estructuras financieras foráneas de la compañía, las cuales incluyen mecanismos de propiedad adecuados a actividades, como la compra de embarcaciones, “no constituyen un acto ilegal” ni se cae en evasión fiscal.
“Las estructuras no constituyen un acto ilegal, ni de evasión fiscal. Las acciones ilegales pueden darse en cualquier empresa constituida en cualquier jurisdicción”, aseguró.
El dueño de Grupo R y contratista de PEMEX, Ramiro Garza Cantú, es uno de los señalados en las filtraciones de Panamá Papers.
En la investigación, se acusa a Garza de desviar sus recursos en paraísos fiscales a Panamá, Holanda, Nueva Zelanda y Seychelles.
Por ello, Tovar detalló que operaciones como la compra de embarcaciones y otros equipos navales, son necesarios financiamientos internacionales, los cuales pueden ser bancarios o en el mercado de capitales.
Sobre los financiamientos bancarios de las plataformas de perforación marina, explicó que incluso puede requerirse la participación de más de 10 bancos internacionales, e inclusive de instituciones bancarias de desarrollo de distintos países.
El directivo apuntó que las hipotecas navales necesitan ser “registradas en una jurisdicción especializada en marina mercante” para que las instituciones de crédito puedan efectuar la hipoteca en caso de incumplimiento.
“Las instituciones de crédito requieren que las hipotecas navales sean registradas en una jurisdicción especializada en marina mercante y con un marco jurídico que permita ejecutar rápidamente la hipoteca en caso de incumplimiento del acreditado”, explicó.
Tover informó que Panamá posee la gran mayoría de la flota mundial, por lo que las hipotecas navales se registran en el país.
“Todo lo anterior, además de ser la práctica internacional, cumple cabalmente con todos los requisitos legales y fiscales y ha sido probado durante muchos años”, añadió.
Detalló que las instituciones bancarias restringen el flujo de efectivo durante el financiamiento de este tipo de activos, con lo que se preven dividendos durante el período del crédito.
Finalmente, explicó que el posible excedente de flujo de efectivo tras finiquitar las amortizaciones, intereses e impuestos, se utiliza para realizar prepagos obligatorios o para reservas para el pago del crédito.
“Este periodo es de normalmente entre 8 y 12 años”, apuntó.
Con información de La Razón
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