La SCJN programó para el lunes la discusión del proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán sobre el Plan B de la Reforma Electoral
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el lunes próximo el proyecto de sentencia presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán con el que se plantea invalidar la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral.
La discusión se realizará pese a que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, que se resolviera primero la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) en mayo de 2018 y después se analizara dicha propuesta.
Durante una sesión que se llevó a cabo de manera privada, los ministros determinaron que la Corte tiene la obligación de resolver el asunto antes del inicio del periodo electoral federal pues el tema se planteó como electoral.
Previamente, la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó el aplazamiento para evitar que se emitieran sentencias contradictorias.
Por medio de un comunicado, Presidencia recordó que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y PAN, la cual fue cuestionada en su momento por la minoría en el Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano, al denunciar vicios en el proceso legislativo, además de que algunas de sus disposiciones son inconstitucionales.
Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)”, argumentó Presidencia.
Agregó que a la fecha, la Suprema Corte no ha dictado sentencia definitiva a cinco años de su promulgación.
Presidencia aseguró que la solicitud se daba con el objetivo de evitar la emisión de “sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
Con información de López-Dóriga Digital
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