Encabezar la Corte implica ser también titular del Consejo de la Judicatura Federal, y el proceso de selección está definido así en el cuarto párrafo del Artículo 97 de la Constitución
Porque, según pretexta Ricardo Monreal, los gobiernos anteriores ponían o quitaban ministros, magistrados y jueces a su antojo para hacer lo que (según él) se les daba la gana con el Poder Judicial, la mayoría morenista y su cascajo moreniano en el Senado pretenden regalarle al presidente López Obrador los cadáveres virtuales de la Suprema Corte de Justicia y del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Uno de los legisladores parasitarios de Morena, el verde Raúl Bolaños Cacho-Cué, preparó una venenosa iniciativa de remiendo a la Ley del Poder Judicial de la Federación para que la titularidad del máximo tribunal constitucional se prolongue dos años y concluya a la par que la gestión de AMLO.
La sola presentación de tan abominable propuesta deja ver los calzones del lambiscón que da por sentado lo inimaginable: que Zaldívar carece de dignidad y estaría dispuesto a que se le identifique como parte del equipo incondicional del Presidente de la República.
Encabezar la Corte implica ser también titular del Consejo de la Judicatura Federal, y el proceso de selección está definido así en el cuarto párrafo del Artículo 97 de la Constitución:
Cada cuatro años, el Pleno (integrado por los 11 ministros) elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.
Si hay una acción de inconstitucionalidad, la tendría que resolver la Suprema Corte de Justicia.
Irrita constatar que vividores del cuento como el proponente, con evidente discapacidad para legislar y sobradas aptitudes para el arrastre político, sean mantenidos por el erario, o sea por quienes pagamos impuestos (y lo mismo aplica para diputados y senadores que respaldan atrocidades y estupideces).
Añadir lo que se propone como artículo transitorio a la Ley del Poder Judicial es intentar modificar el alcance de la reforma constitucional (que por cierto promovió Arturo Zaldívar), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo reciente.
Cualesquiera sean las coartadas leguleyas que esgriman los defensores de la idea de que Zaldívar se comporte igualito que el silvestre y voraz gobernador Jaime Bonilla (quiso prorrogar dos años su poder), se estaría frente a un descarado fraude a la ley, aquel que se perpetra para cometer exactamente lo contrario a lo que la ley establece.
Sin embargo, aun si la irresponsable y arrastrada iniciativa que aprobó el Senado es palomeada por la irreflexiva mayoría lopezobradorista en la Cámara de Diputados (que deja pasar hasta lo inconstitucional, como es el caso de las leyes de la industria eléctrica y energética), las fracciones opositoras en el Congreso pueden recurrir a una acción de inconstitucionalidad que tendría que resolver… la Suprema Corte de Justicia.
En tal escenario, lo inquietante, absurdo y paradójico pero sin duda hilarante del caso es imaginar al ministro Zaldívar en el aprieto de excusarse de intervenir en algo que pareciera beneficiarlo pero que en realidad le es ofensivo y perjudicial en extremo.
Minuto a minuto
