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En representación de aproximadamente 70 mil agremiados, la sección 22 del magisterio acordó ayer “iniciar con el boicot a las elecciones federales”, trasladando el plantón de varios meses que mantiene en el centro histórico de la capital estatal a una “toma indefinida” de las oficinas de los once distritos electorales del Instituto Nacional Electoral en esa entidad, y anunció que impedirá la instalación de casillas en planteles escolares.

La baladronada huele a otro de sus habituales chantajes para sangrar el erario, pero corresponde a la naturaleza caciquil y antidemocrática del membrete Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En rigor, el anuncio entraña la amenaza de cometer un delito electoral de proporciones colosales, a manos de “servidores públicos”.

Si los delitos del orden común cometidos por empleados del gobierno (ni se diga si son policías) se castigan hasta con el doble de las condenas a particulares, ¿quién procurará justicia para casi ¡tres millones de empadronados! cuando los delincuentes electorales son vividores del erario que debieran enseñar civismo?

 

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