Sin licencia para desgobernar

El presidente López Obrador hizo el jueves una inaudita confesión: que gobernó menos durante dos meses para ocuparse del proceso de selección de su virtual candidata para relevarlo en 2024.

Lo dijo así:

“Ya no intervengo en ninguna decisión que tenga que ver con el movimiento de transformación, ya me dedico el tiempo que me falta por entero a seguir consolidando los programas (…), a seguir gobernando para todos (…), respetando a todos, aun desde luego a nuestros adversarios (…). Ya hoy entrego y ya mañana es gobierno completamente”.

Trató de corregir y le salió peor:

“De por sí desde el principio fue gobierno, pero tenía yo una licencia y como esto era muy importante, tenía yo que entregar la dirección del movimiento de transformación, pues sí estuve pendiente como dos meses; tampoco ahí tan metido, sino sabían que estaba yo ahí presente con mi ejemplo, pero ahora ya”.

Se impone subrayar que a partir de aquel o del siguiente día:

-ya se dedica “por entero” a gobernar; 

-que promete respetar a “todos, aun desde luego a nuestros adversarios” (que tanto ha descalificado y ofendido);

-que desde el viernes 8, el suyo ya “es gobierno completamente”;

-que se vio obligado a otorgarse la “licencia” (que solo el Congreso puede autorizar), porque debía “entregar la dirección del movimiento de transformación” (que se supuso estaba en manos de Mario Delgado, presidente de su partido), y 

-que después de todo no estaba tan “metido”, sino solo “presente” con lo que llamó su “ejemplo”.

Aplica entonces lo de que “a confesión de parte relevo de pruebas”, porque sus palabras contravienen la Constitución en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134:

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Vaya reto para las autoridades del Instituto y el Tribunal electorales ante una declaración tan espontánea como grave de quien acepta que dos meses gobernó de manera incompleta para entrometerse en asuntos electorales con toda la fuerza y los recursos públicos de sus mañaneras desde Palacio Nacional.

El problema para el INE y el Tribunal Electoral es que ninguna sanción pueden aplicarle, de no ser tersas medidas cautelares equivalentes a reproches de salva y de saliva…