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Después del resultado de la elección presidencial del 1 de julio, escribí en este espacio que estábamos ante el comienzo de una nueva era en la historia política de nuestro país, enfatizando que La Cuarta Transformación tiene una fuerte figura presidencial y un gran margen de maniobra en materia legislativa para impulsar cambios profundos.

Asimismo, mencioné que este gran poder obtenido en las urnas implica una gran responsabilidad. Recojo lo escrito en la edición de Sin Fronteras del 3 de julio: “El nuevo gobierno tendrá la enorme responsabilidad de mantener la estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo cumplir las promesas de campaña que le generaron la simpatía de la mayoría de los votantes.

“En este sentido, será muy interesante ver qué versión de AMLO veremos en cuestión de política económica. ¿Veremos la versión que promovió Alfonso Romo y que delinearon hoy los miembros del equipo económico o veremos una versión menos amigable a los mercados como favorecen algunos de los más cercanos y leales colaboradores?”.

Asimismo, advertimos de los riesgos de utilizar la consulta popular: “(…) La consulta popular, que se ha mencionado como el método preferido para analizar la permanencia de las reformas, es altamente impredecible y no siempre lleva a los resultados más adecuados para el país (como ejemplo basta ver lo que está sucediendo en Reino Unido con la decisión del Brexit)”.

El día posterior al triunfo en las urnas, el equipo económico de la nueva administración, encabezado por Carlos Urzúa, Gerardo Esquivel y Arturo Herrera, condujo una muy atinada conferencia de prensa donde plantearon un modelo económico fundamentado en la responsabilidad fiscal, el respeto a la autonomía de Banxico y el aprovechamiento de los avances en los últimos años en materia de finanzas públicas.

Los mercados escucharon exactamente lo que querían de la nueva administración: podría haber cambios fundamentales en la manera de hacer política, pero la estabilidad macroeconómica y financiera sería prioridad.

Este mensaje bastó para que los mercados dieran el beneficio de la duda a la nueva administración y que los principales indicadores financieros de nuestro país mostraran un desempeño estable y en algunos casos positivo.

Desafortunadamente, las señales enviadas por la nueva administración en los últimos 30 días y la falta de comunicación por parte del equipo económico han erosionado considerablemente el beneficio de la duda, generando un creciente entorno de incertidumbre y desconfianza.

La cancelación del NAIM —sobre todo la forma mediante la cual se justificó la decisión— en conjunto con las desafortunadas propuestas de algunos legisladores —como implementar controles de precios a la banca y regresar el Sistema de Ahorro para el Retiro a control del sector público—, aunada a la insistencia de usar consultas a modo y fuera de la ley como método para legitimar decisiones, no fueron adecuadamente abordadas con una comunicación contundente por parte del equipo económico.

Pasaron semanas, una depreciación de casi 2 pesos en la cotización de nuestra moneda frente al dólar, un desplome de 21% en la Bolsa Mexicana de Valores y un incremento en los costos de fondeo a largo plazo del gobierno federal de 7.89% a 9.27% para que el próximo secretario de Hacienda saliera por fin a dar un mensaje para intentar tranquilizar a los mercados. En dicho mensaje, destacó el compromiso de no tocar las reservas internacionales, respetar la autonomía de Banxico y no tocar el dinero de las afores.

El mensaje ayudó a detener el desplome en los mercados domésticos pero la reacción inmediata fue tímida.

La confianza se va ganando poco a poco pero se pierde en un instante. La nueva administración tendrá que recuperar la confianza de los mercados con hechos, mucha comunicación para desechar las señales negativas que salgan del Congreso, y con políticas económicas responsables.