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Después de una lucha de años y varios intentos fallidos por alcanzar la presidencia, un líder carismático que muchos han tildado de populista consiguió una victoria arrolladora en las elecciones presidenciales de su país. Dicho líder llegó al poder con un amplio mandato y gran capital político así como una situación macroeconómica estable y finanzas públicas sanas.

Estas líneas podrían estar hablando de México, pero en realidad estamos hablando de Brasil a principios de la década pasada. La administración de Luiz Inácio Lula da Silva, mejor conocido como Lula, tomó las riendas del país y aprovechó la solidez de las finanzas públicas, aunada a un entorno global de sólido crecimiento y un periodo de auge en los precios del petróleo y otras materias primas, para impulsar una serie de programas sociales.

En este contexto, la economía brasileña entró a un periodo de auge y prosperidad.

Entre el 2004 y el 2010, el Producto Interno Bruto (PIB) creció a un promedio anual de casi 5 por ciento y millones de brasileños lograron salir de la pobreza. En aquel momento, parecía que Brasil dejaba de ser el país del mañana para convertirse finalmente en una potencia económica.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del 2011, la economía brasileña entró en un proceso irreversible de desaceleración que se convirtió en recesión a finales del 2014 y que perduró hasta el 2017.

Asimismo, la mayoría de los expertos anticipa que la recuperación subsecuente será muy moderada —con crecimientos promedio de 1.8 por ciento anual entre el 2018 y el 2021. Los expertos estiman que Brasil tardará entre ocho y nueve años en alcanzar, en términos reales, el nivel máximo del PIB alcanzado en el 2013.

La recesión multianual fue acompañada de un repunte en la inflación, creando un fenómeno de estanflación no visto desde principios de los años 90, erosionando buena parte del avance de las clases bajas y media durante el lustro anterior. Si bien es cierto que Brasil fue víctima del fin del superciclo de materias primas que causó un desplome en los precios de sus principales productos de exportación, la realidad es que Brasil no supo administrar los años de abundancia.

Embelesados por el milagro de crecimiento brasileño, los gobiernos del Partido del Trabajo cometieron una serie de errores de política económica, despilfarrando recursos públicos, privilegiando el gasto sobre la inversión en infraestructura, olvidándose por completo de las reformas estructurales y manteniendo una economía muy cerrada.

Adicionalmente, hubo decisiones populistas como la de indizar el salario mínimo a una fórmula basada en inflación y crecimiento del PIB que han sido catastróficas al provocar un incremento en los salarios desligado de la productividad y una distorsión a través de toda la estructura salarial del país y, peor aún, en los precios de bienes y servicios administrados que están indizados al salario mínimo.

Entre el 2007 y el 2015, Brasil pasó de tener un superávit fiscal a tener un déficit de casi 10 por ciento del PIB. Asimismo, entre el 2010 y el 2017 la relación de deuda pública a PIB aumentó de 52 a 75 por ciento.

El nuevo gobierno en México tiene grandes planes en cuestión de inversión en infraestructura y gasto público para programas sociales que, en el papel, serían fondeados con un mejor ejercicio del gasto y el combate a la corrupción. Si los ahorros planeados no son los esperados, el nuevo gobierno tendrá una encrucijada importante, posponer los incrementos en el gasto y la inversión o incrementar el déficit público.

El nuevo gobierno tampoco debe olvidarse de la importancia de realizar reformas estructurales para mejorar la competitividad de nuestro país.

Los errores de política económica de los gobiernos del Partido del Trabajo en Brasil deben servir como un caso de estudio para el nuevo gobierno en México.