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Mañana miércoles, la administración de Donald Trump presentará su muy esperada propuesta de reforma fiscal. La promesa de una reducción en las tasas del Impuesto sobre la Renta, tanto a personas físicas como morales, fue una de las promesas de campaña que generaron más tracción entre los votantes educados de clase media, media-alta y alta.

Aunque muchos de estos votantes no coincidan con Trump en la mayoría de los temas fundamentales bajo los cuales llegó a la Presidencia, muchos de ellos votaron con su cartera. Es por esto que la propuesta a presentarse mañana es fundamental para Trump pero también para los mercados y los socios comerciales de Estados Unidos.

La propuesta seguramente cumplirá la promesa de campaña de reducir la tasa de Impuesto Sobre la Renta para personas físicas de un máximo de 39.6 a 33% y a personas morales de 35% a algo más cercano a 20-25% para empresas medianas y grandes y a 15% para pequeñas empresas. Esto es consistente tanto con lo planeado por Trump en la campaña como con el plan fiscal de los republicanos presentado el año pasado.

Donde la propuesta de la nueva administración seguramente diferirá de la presentada por los representantes del Partido Republicano es en la introducción de nuevos impuestos para compensar la reducción en ingresos para el gobierno resultante del recorte en las tasas de impuesto sobre la renta. En concreto, estamos hablando del Border Adjustment Tax o Impuesto de Ajuste Fronterizo, que había sido incluido en el plan fiscal encabezado por el republicano Paul Ryan y que consistía, entre otras cosas, en la imposición de un gravamen de 20% a las importaciones.

La muy posible exclusión de este gravamen y la ausencia de otros nuevos impuestos que generen ingresos para compensar la reducción en las tasas de impuesto Sobre la Renta necesariamente provocarán un incremento en el déficit público. Aunque existe una posible herramienta para generar ingresos adicionales en la forma de un programa de repatriación de utilidades corporativas en el extranjero con un esquema fiscal atractivo, estos recursos podrían ser etiquetados para financiar un programa de inversión en infraestructura y no para reducir el déficit.

Una propuesta de la administración Trump con estas características muy probablemente encontrará resistencia de su propio partido en el Congreso, donde los legisladores más conservadores insistirán en un paquete fiscal que no incremente el déficit.

Sin embargo, el equipo de Trump tratará de argumentar que el crecimiento adicional en el PIB generado por el estímulo fiscal será suficiente para generar una mayor recaudación de manera que los recortes se pagarán por sí solos. Este argumento, que sería prácticamente idéntico al usado por Ronald Reagan en 1980, será muy difícil de sostener una vez que el Congressional Budget Office (Oficina del Presupuesto en el Congreso) lleve a cabo sus ejercicios de análisis y proyecciones bajo supuestos más realistas.

Aunque la aprobación del paquete fiscal definitivo tardará varios meses en pasar por ambas Cámaras legislativas y seguramente sufrirá modificaciones importantes, una propuesta enfocada en recortes impositivos y la ampliación del déficit público tiene tintes altamente populistas, sobre todo en un entorno en el que la economía está creciendo a un ritmo saludable.

La teoría económica nos dice que los estímulos fiscales pueden generar un mayor crecimiento económico en el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo el impacto será neutral, ya que el incremento en el endeudamiento necesario para financiar el estímulo fiscal tiene un costo que al final es pagado por los contribuyentes. El estímulo fiscal logra un mayor crecimiento en el corto plazo a costa de un menor crecimiento futuro y es por esto que los estímulos fiscales se deben usar como una herramienta de política económica contracíclica y no como una herramienta política.