Para la designación de ministros de la Suprema Corte (y presidentes de tribunales superiores de justicia) se desatan descalificaciones contra los candidatos por supuestas o reales conexiones políticas. Igual ocurre con el nombramiento, pendiente aún, del fiscal general de la Nación, sin que cuente que lo que importa es el dominio y la experiencia del … Continued
Para la designación de ministros de la Suprema Corte (y presidentes
de tribunales superiores de justicia) se desatan descalificaciones contra los candidatos por supuestas o reales conexiones políticas.
Igual ocurre con el nombramiento, pendiente aún, del fiscal general de la Nación, sin que cuente que lo que importa es el dominio y la experiencia del prospecto para una u otra responsabilidad.
Filias y fobias ideológicas o políticas son comunes en las personas, independientemente de su actividad profesional y, desde luego, un irreprochable derecho humano elemental.
Al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara Carrancá, se le quiso impedir el acceso a la SCJN por su “cercanía” con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el sexenio anterior, lo mismo se intentó contra Eduardo Medina Mora porque sirvió en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón: director del Cisen, secretario de Seguridad Pública, procurador general, embajador en Reino Unido y Estados Unidos. Por fortuna la grilla fracasó y fue designado ministro.
También en los años recientes fue torpedeada, con éxito, la merecida posibilidad de que el ex diputado, senador, ex procurador general y eminente constitucionalista Raúl Cervantes Andrade se convirtiera en el primer fiscal general de la Nación, a causa de su filiación priista.
Esta vez, en la terna que López Obrador envió al Senado, figuró la doctora Loretta Ortiz Ahlf, de méritos amplios; ex diputada federal por Morena, coordinadora de los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional, doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo, profesora en la Ibero, ex directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ex asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México y ex consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para ocupar la vacante en el pleno de la Corte, sin embargo, en los senadores pesó más la trayectoria de González Alcántara Carrancá: profesor de Derecho en la UNAM y la UAM, ex director de la Escuela de Derecho de la Anáhuac y, ni más ni menos, titular del Tribunal Superior de Justicia del ex Distrito Federal cuando López Obrador fue jefe de Gobierno. Este último cargo, se antoja, decidió el voto a su favor de 114 senadores contra 10. Si el Senado hubiese rechazado a los candidatos del Presidente, éste habría podido nombrar al que prefiriera.
Que de intereses y relaciones políticas se tratara, el hecho de que primero ninguno de la terna pasara y que la designación se diera en una inusual segunda vuelta, significa que González Alcántara Carrancá es más un activo de la bancada senatorial de Morena que de López Obrador. Como sea, al ministro le sobran atributos para la encomienda de resolver la constitucionalidad de lo que sea.
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El asalto a la razón aquí reaparecerá el 7 de enero. ¡Felices fiestas!
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