Cuatro de ellos son ex militares y uno era un técnico ambientalista del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca
El crimen de la activista Berta Cáceres, ocurrido en marzo del año pasado, se volvió esta semana el centro del debate de la campaña electoral en Honduras.
A pesar de que el gobierno hondureño ha realizado investigaciones y detenido a ocho sospechosos de participar en el crimen –entre ellos el autor intelectual del crimen– una de las hijas de la activista, Marcela Zúñiga Cáceres, fue la encargada de promover que el caso se convirtiera en el centro de la atención de la jornada a menos de cuatro semanas de los comicios.
Marcela Zúñiga es candidata a diputada al Congreso Nacional por el izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre) y con las relaciones que esa agrupación mantiene con movimientos de izquierda en América Latina, logró que un Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) realizara una investigación sobre este crimen.
Los resultados del equipo de investigadores ligados al partido Libre, algunos de los cuales fueron acreditados como observadores electorales, fueron dados a conocer en Tegucigalpa y volvieron a señalar que el asesinato de la activista fue un “crimen de estado” en el que participaron, asegura sin identificar a nadie, diversos “agentes de gobierno”.
El estudio presume que directivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) participaron en el asesinato de la ambientalista hondureña por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en aquel país centroamericano, un plan con financiamiento internacional que contempla apoyos sociales a comunidades indígenas de la región.
El GAIPE, que lidera el abogado colombiano Jorge Molano, presentó un informe de 92 páginas denominado Represa de la violencia, según el cual, el asesinato de la ambientalista, “respondió, como mínimo, a un plan concebido” por directivos de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa).
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza, donde además hirieron al activista mexicano Gustavo Castro.
En relación a este caso, las autoridades judiciales hondureñas han logrado la detención de ocho personas relacionadas con el asesinato de la ambientalista y todas las pruebas que implican a los señalados son fundamentadas en registros telefónicos, correos electrónicos y mensajes de texto, entre otros. Los ocho implicados están acusados por el delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa.
Cuatro de ellos son ex militares y uno era un técnico ambientalista del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (Desa), la empresa contra la cual mantuvo Berta Cáceres sus protestas argumentando daño al medio ambiente.
En relación a que el informe fue presentado a menos de cuatro semanas de las elecciones en las que participa la hija de Berta Cáceres y de que no se reconocen los avances oficiales de las investigaciones, Octavio Ramón Romero, politólogo de la Universidad de Chile, expresó que “genera la sensación de que este reporte tiene el fin de ayudar a la oposición a desacreditar el proceso electoral y no de aportar nuevos elementos para esclarecer totalmente este lamentable homicidio”.
Con información de Quadratín
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