El Gobierno de EE.UU. sostiene que la evidencia presentada contra García Luna durante su juicio fue contundente
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal que se desestime el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.
La petición de la Fiscalía estadounidense busca mantener firme la sentencia dictada en octubre de 2024 en contra del exfuncionario mexicano por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.
Pro medio de un documento de más de cien páginas, el fiscal especial Adam Amir, en representación del fiscal en jefe del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, presentó los argumentos legales para rechazar la solicitud de la defensa. Según el gobierno estadounidense, la carga probatoria exhibida durante el proceso judicial es concluyente.
El fiscal Nocella sostuvo en su posicionamiento que:
- Evidencia contundente: Las pruebas presentadas durante las cinco semanas de juicio demostraron “más allá de toda duda razonable” la responsabilidad del acusado.
- Corrupción institucional: El documento califica a García Luna como un “funcionario corrupto” que utilizó su posición en las fuerzas de seguridad para beneficiar a organizaciones criminales.
- Vínculos con el Cártel de Sinaloa: Se ratificó que el exfuncionario aceptó millones de dólares en sobornos de la que es considerada la organización de narcotráfico “más grande y sofisticada de México”.
La defensa de García Luna, encabezada por el abogado César de Castro, presentó en diciembre pasado un documento de 78 cuartillas el pasado mes de diciembre alegando que el proceso contra el exfuncionario estuvo “irremediablemente contaminado”.
Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad Pública, fue condenado en octubre de 2024 a penas que suman más de 38 años de cárcel, además de dos millones de dólares de multa, por delitos de narcotráfico, colaboración con el crimen organizado (el Cartel de Sinaloa) y por falso testimonio ante las autoridades estadounidenses.
El exfuncionario mexicano, de 56 años de edad, fue el máximo responsable de la seguridad pública en el sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), época en la que lideró la estrategia de la conocida como ‘guerra contra las drogas’.
Al otrora funcionario público mexicano se le condenó a un total de 460 meses por los delitos cometidos (38 años y tres meses de condena), además un tramo suplementario de hasta seis años de libertad vigilada.
Con información de Milenio
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