La denuncia se basa en un intercambio de e-mails que probarían que Lula da Silva ayudó al empresario Rodolfo Gianetti en Guinea Ecuatorial
La Fiscalía brasileña denunció al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por lavado de dinero al recibir supuestamente un millón de reales (unos 300 mil dólares) de un empresario a quien habría ayudado en negocios en Guinea Ecuatorial, gobernada por la dictadura de los Obiang.
La denuncia contra el expresidente, ya encarcelado y condenado a 12 años y un mes de cárcel por lavado y corrupción, se basa en un intercambio de e-mails que probarían que Lula da Silva ayudó al empresario Rodolfo Gianetti, del grupo ARG, a hacer negocios en el país africano por medio del dictador Teodoro Obiang.
El exministro de Desarrollo durante el mandato de Lula da Silva, Miguel Jorge, y la directora del Instituto Lula, Clara Ant, habrían intercambiado e-mails en los que se indicaba que el expresidente ayudaría al grupo ARG en sus negocios a cambio de “una contribución financiera bastante importante”.
En junio de 2016 la empresa ARG realizó una donación de un millón de reales al Instituto Lula que, según los fiscales, fue el pago de coimas del empresario al exmandatario.
Condenado y encarcelado, y con varios procesos judiciales todavía abiertos, Lula da Silva enfrenta ahora una nueva acusación de desvíos y corrupción que sus abogados calificaron como “una persecución política”.
“La acusación fue construida con base en la retórica, sin apoyo de cualquier conducta específica practicada por el expresidente Lula, que ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer aclaraciones sobre la versión de la denuncia”, indicó su abogado en un comunicado.
Lula da Silva ya fue condenado en julio de 2017 por beneficiarse de un apartamento de tres plantas en la localidad de Guarujá, en la costa de Sao Paulo, mientras el 14 de noviembre declaró en una nueva causa por la que se le acusa de ser el propietario real de una casa rural en la localidad de Atibaia.
Los investigadores y la Fiscalía acusan a Lula da Silva de ser el dueño efectivo del inmueble y de haberse beneficiado, a cambio de favores políticos y contratos con Petrobras a las constructoras Odebrecht y OAS, de una reforma valorada en un millón de reales (unos 330 mil dólares).
Con información de Notimex
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