El líder independentista está en Bruselas desde noviembre pasado para evadir la justicia española, que le requiere por delitos de rebelión
El gobierno español inició los trámites para impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, informó en rueda de prensa que se solicitó al Consejo de Estado los informes para saber si procede la impugnación a la decisión de proponer a Puigdemont como candidato.
El argumento que expone el gobierno es que la situación jurídica de Puigdemont le hace inviable para presentarse a un debate de investidura en el Parlamento de Cataluña, pues hay una orden de detención en su contra que tiene que hacerse efectiva a su regreso a España.
El líder independentista está en Bruselas desde noviembre pasado para evadir la justicia española, que le requiere por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos por el proceso soberanista que llevó a la declaración de independencia de octubre pasado.
Sin embargo, Puigdemont lideró las listas electorales de la coalición Juntos por Cataluña en los comicios de diciembre, que junto con Esquerra Republicana de Cataluña y los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) suman la mayoría absoluta.
Por ello, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, propuso el lunes a Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat, en un debate que tiene que realizarse antes del 1 de febrero.
Torrent y Puigdemont se reunieron la víspera en Bruselas, aunque no aclararon cómo se podría realizar una investidura sin la presencia del candidato.
Ante todo ello, Sáenz de Santamaría aseguró que si el Consejo de Estado (máximo órgano consultivo de asuntos legales a los que recurre el gobierno español) emite un informe positivo, será este viernes cuando se presente la impugnación ante el Tribunal Constitucional.
Precisó que lo que se cuestiona es la decisión de Torrent de proponer a Puigdemont, pues es alguien “que no tiene libertad deambulatoria, y tan pronto entre a España debe ser detenido y puesto a disposición judicial”.
Además el gobierno español solicitó al Consejo de Estado informes sobre si alguien que no está presente en un pleno de debate de investidura en el Parlamento puede ser votado para el cargo en cuestión, y en ese caso saber si procede la impugnación.
La tercera solicitud es sobre la posibilidad o no del voto delegado que pudieran hacer los diputados que están con Puigdemont en un debate de investidura, toda vez que al igual que el líder independentista están en Bruselas para evadir la justicia española.
Redacción
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