El jueves habrá un paro cívico nacional activo de 24 horas, que seguirá la próxima semana con un paro nacional
El gobierno de Venezuela mantiene inalterable su ruta a la Asamblea Constituyente pese a la consulta ciudadana que la rechaza y la advertencia de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
Además, en un movimiento previsible, declaró anoche “persona non grata” a los ex presidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel A Rodríguez, ambos de Costa Rica.
Los cuatro, a quienes se sumaba el mexicano Vicente Fox, también declarado antes “persona non grata”, observaron la consulta que la mesa de la Unidad de la Unidad Democrática (MUD) realizó este domingo contra la Asamblea Constituyente.
“No entrarán más a Venezuela: abusaron de la generosidad de nuestro pueblo. Es justicia que será entendida por los que aman a su país”, sentenció el canciller venezolano Samuel Moncada en su cuenta de Twitter.
A su vez el presidente venezolano Nicolás Maduro criticó la cobertura de medios internacionales a la consulta de este domingo, y la “nula cobertura” al simulacro de la elección de los miembros de la futura Asamblea Constituyente.
En particular cuestionó al diario español El País y a “la derecha española”, en un gesto que marcó con claridad su decisión de que se realice la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente el 30 de julio.
Empero, los 12 días que faltan para esa fecha no serán sencillos de recorrer para el gobierno.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (congreso) de mayoría opositora, Freddy Guevara, anunció para este miércoles la firma de un compromiso unitario de gobernabilidad, simiente de un gobierno de unidad nacional.
El jueves habrá un paro cívico nacional activo de 24 horas, que seguirá la próxima semana con un paro nacional.
Antes, el viernes 21, quedarían confirmados nuevos magistrados del tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con lo que de concretarse, Venezuela tendría dos cortes simultáneas.
A la movilización interna se suma la presión internacional, donde destacan las “fuertes y prontas” sanciones económicas que anunció el presidente estadounidense Donald Trump si se realiza la Constituyente.
Esta Asamblea Constituyente, convocada por el presidente Maduro el pasado 1 de mayo, pretende reforzar la actual Constitucional venezonala, pero en voz opositora, solo perpetuaría la que llaman dictadura de Maduro.
La advertencia de Trump no precisó la índole de las sanciones, pero al menos existen dos antecedentes.
Por una parte el anuncio del secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, el pasado junio de que se trabajaba en una lista de venezolanos para ampliar las sanciones por violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Y por la otra, las sanciones que impuso Washington el pasado 19 de mayo a ocho magistrados del TSJ venezolano, a quienes consideró que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional.
Las sanciones se referían a la decisión del TSJ del pasado 30 de marzo, de asumir las funciones de la Asamblea Nacional a través de su sala constitucional, en lo que la oposición llamó un virtual golpe de Estado.
Con las sanciones quedaron congelados los bienes que dichos magistrados tengan en Estados Unidos, negarles la entrada a ese país y la prohibición a instituciones y ciudadanos estadounidenses de toda transacción con ellos.
Redacción
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