El Gobierno de Nicaragua anunció este jueves un incremento en el número de agentes de seguridad, en medio de las acusaciones de represión por parte de los oficiales
El Gobierno de Nicaragua anunció este jueves un incremento en el número de agentes de seguridad, entre de acusaciones por actos de represión ejecutados por la Policía Nacional, en medio de una profunda crisis sociopolítica.
La Policía de Nicaragua informó que 635 nuevos agentes se graduaron de su curso básico, tras superar “diversos módulos educativos para recibir el grado que los acredita como miembros de la institución del orden”.
Diversos movimientos de oposición señalan a la Policía nicaragüense como “el brazo represor” del Gobierno del presidente Daniel Ortega, al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado por crímenes “de lesa humanidad“.
El Gobierno no acostumbra informar sobre el número total de agentes de la Policía Nacional, sin embargo en abril pasado indicó que hasta 15 mil efectivos habían resguardado la seguridad de los 6.3 millones de habitantes en Nicaragua, uno de los más seguros de Latinoamérica hasta el estallido social de 2018.
Esta mañana la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en las negociaciones para encontrar una salida a la crisis local, se quejó de una nueva “ola de represión” ejecutada por el Gobierno.
La reciente “ola de represión” se observa en nuevas capturas de jóvenes que la Policía considera opositores, y el fuerte asedio contra cientos de manifestantes excarcelados en días recientes, según la denuncia de la Alianza Cívica.
Las acciones de los agentes coinciden con la disposición de la Policía Nacional de no permitir protestas contra Ortega, lo que contradice la Constitución de Nicaragua, según los expertos juristas.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya se ha sumado a los reclamos de la oposición, porque considera “urgente necesidad de restablecer plenamente las libertades en Nicaragua“.
La Policía, junto con grupos paramilitares oficialistas, son los principales señalados de la muerte de 326 personas desde el estallido social de abril de 2018, según datos de la CIDH.
Organismos nicaragüenses defensores de los derechos humanos afirman que el número de víctimas mortales asciende a 594, aunque el Gobierno reconoce 200.
La situación de Nicaragua ha obligado a que unas 60 mil personas huyan al exilio, confirme los últimos datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Con información de EFE
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