El Comité de Derechos Humanos de la ONU fue informado de posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad en Perú
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó su preocupación por las presuntas violaciones de los derechos humanos durante la crisis que empezó el pasado diciembre tras el intento del expresidente peruano Pedro Castillo de cerrar el Parlamento, y también durante las protestas de finales de 2020.
El Comité fue informado de posibles abusos que incluyen “casos de uso excesivo, indiscriminado y desproporcionado de la fuerza y de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas y violencia por motivos racistas o discriminatorios”, indicó hoy en su sexto informe periódico sobre Perú.
Formado por 18 expertos independientes, el Comité dice “lamentar profundamente las violaciones de derechos humanos que pudieran haberse cometido” entre diciembre y febrero en Andahuaylas, Iscahuaca y Chincheros (Apurímac), en Ayacucho, en Juliaca (Puno), y en ciertos lugares de Lima, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o la sede de la Confederación Campesina del Perú.
También recogió denuncias de torturas y malos tratos, en particular en el contexto de las actuaciones policiales, durante la crisis social y política iniciada el pasado 7 de diciembre.
El documento de 13 páginas fue publicado tras la revisión por parte del Comité del informe de Perú sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles, un ejercicio en el que participan de forma periódica todos los Estados que han ratificado este instrumento jurídico.
Durante su último periodo de sesiones (del 3 al 7 de marzo) en Ginebra, el Comité abordó ese informe con una delegación del Gobierno de Perú encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Andrés Tello Alfaro, pero sólo hoy publicó sus conclusiones.
El órgano de la ONU expresó en su informe preocupación por la declaración en Perú de estados de emergencia, “incluso en el caso de protestas sociales, teniendo en cuenta que sólo deben ocurrir en situaciones verdaderamente excepcionales”, y consideró que esto aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos.
Por ello, los expertos instaron a Perú a limitar el recurso de los estados de emergencia y a “asegurarse de que las fuerzas armadas no participen en operaciones de mantenimiento del orden público”, y que en caso de que lo hagan su actuación “esté restringida a circunstancias excepcionales y con una duración limitada”.
El Comité pide asimismo que las violaciones de derechos humanos cometidas durante los estados de emergencia “se investiguen con prontitud y eficacia”, que “los responsables sean llevados ante la justicia” y “las víctimas reciban una reparación integral”.
El documento expresa también preocupación por la “definición imprecisa de terrorismo” establecida en la legislación peruana, que en opinión del Comité puede fomentar el llamado “terruqueo” (vincular el terrorismo con grupos de protesta o críticos del gobierno con el fin de invalidar su discurso).
Con información de EFE
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