Río de Janeiro, la ciudad más emblemática de Brasil, registró en julio un aumento del 49 por ciento en las muertes de civiles a manos de la policía
Río de Janeiro, la ciudad más emblemática de Brasil, registró en julio un aumento del 49 por ciento en las muertes de civiles a manos de la policía, el mayor número para este mes desde 1998, informaron este miércoles fuentes oficiales.
En total 194 personas murieron por la policía en julio, lo que supone que más de seis individuos murieron en Río durante intervenciones policiales cada día, según cifras divulgadas por el Instituto de Seguridad Pública, un organismo vinculado a la gobernación regional.
En el lado opuesto, ningún policía murió en servicio durante el séptimo mes del año. En julio del año pasado, perecieron cuatro agentes.
Las autoridades de Río, fuertemente criticadas por ONG y por la Defensoría del Pueblo por abuso de poder en las comunidades, donde son acusadas, entre otras cosas, de irrumpir en las residencias sin mandatos de la justicia y disparar desde helicópteros durante los operativos policiales, justificando su accionar en la lucha contra la delincuencia.
De acuerdo con el ISP, los homicidios dolosos en julio sumaron 309, una caída del 25 por ciento en comparación con el mismo mes de 2018. El crimen que también retrocedió un 23 por ciento en el acumulado de los primeros siete meses del año, con 2 mil 392 muertes, en relación con el mismo período de 2018.
El número de homicidios en los siete primeros meses del año es el menor para este período desde 1991.
En julio, también los robos de vehículos bajaron 9 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado, y en los robos de calle la reducción fue de 8 por ciento.
Los datos fueron revelados un día después de que un joven de 20 años que sufría depresión, y quien secuestró un autobús con 37 personas bajo amenaza de incendiarlo con gasolina, fuera abatido por un francotirador del grupo elite de la Policía de Río para rescatar a los rehenes sanos y salvos.
La polémica intervención del francotirador puso nuevamente sobre el tapete la legitimación de la violencia policial contra la delincuencia, un tema que es avalado por el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y por uno de sus más fervientes seguidores, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel.
Aunque el Congreso logró frenar momentáneamente los decretos con los que el presidente Bolsonaro busca flexibilizar la posesión y el porte de armas en Brasil, una de sus promesas de campaña para ejercer el derecho “a la autodefensa”, el ultraderechista no cesa en su intención de promover su uso en el país.
Además de proponer otras tres medidas que se ajusten las exigencias del Congreso, el mandatario anunció a comienzos de mes que enviará un proyecto de ley para que la Policía pueda usar armas de fuego en las operaciones sin ser procesada.
Con información de EFE
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