El grupo de 9 empresarios importaba telas de China, las cuales reetiquetaba en Estados Unidos antes de introducirlas en México
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a empresarios de lavado de dinero a través del contrabando de telas. Los presuntos delincuentes traían las telas de China, para ser reetiquetadas en EE.UU. y finalmente reintroducidas en México escudándose en el Tratado de Libre Comercio.
La denuncia fue presentada por Estados Unidos desde 2012, sin embargo tomó más de cinco años antes de que las autoridades mexicanas presentaran el caso ante tribunales. Fue el 27 de octubre de 2017 cuando un juez federal ordenó la aprehensión de nueve personas implicadas en el lavado de 9.5 millones de pesos.
Ese mismo año, se logró la detención de un hombre identificado como Alejandro Rassam Baroudi, único acusado identificado en ese momento, si bien documentos oficiales mencionan además a Antonio Karam Haddad, Alejandro González Sámano y David Rassam Baroudi, los hermanos Jaime y José Manuel Gonzaga Charola, Roberto Tenorio Navarro, Prócoro Islas Domínguez y Lizbeth González Pérez.
Del grupo, los tres primeros se presentaron voluntariamente a declarar y posteriormente fueron liberados bajo el criterio de que actualmente el lavado de dinero no amerita la prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación, los acusados triangularon las ganancias del contrabando de telas a través de la empresa Comercializadora y Maquiladora Avan, una facturera que en 2009 registró depósitos por 594.2 millones de pesos y retiros por 594.9 millones de pesos, sin presentar su declaración anual ante la SHCP.
Los accionistas de la empresa eran Prócoro Islas Domínguez y Lizbeth González Pérez, la cual se encontraba detenida al momento de ser acusada de lavado de dinero.
Con información de López-Dóriga Digital
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