La modificación permitiría imponer de dos a seis años de cárcel y una multa a funcionarios que difundan información reservada o documentos del lugar o de las víctimas
El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen de la “Ley Ingrid”, con la que se busca sancionar penalmente a los servidores públicos que difundan información reservada o documentos del lugar o los hechos del hallazgo relacionado con algún procedimiento legal.
De acuerdo con el dictamen, esta modificación permitiría imponer de dos a seis años de cárcel y una multa a quienes incurran en estos actos.
La propuesta permite que los servidores públicos no filtren imágenes o videos de manera ilegal o se comercialicen.
“La adición del Artículo 293 Quáter, señala que se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”, indicó el Congreso local.
El acuerdo también precisa que las sanciones aumentarán en una tercera parte si la información se difunde con la finalidad de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares o si se trata de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de la muerte, de sus lesiones o del estado de salud de la víctima.
“El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado”, se indicó.
Caso Ingrid Escamilla
El caso de Escamilla, el 9 de febrero de 2020, conmocionó al país debido a la saña que aplicó su pareja sentimental para asesinarla y a la cobertura mediática, muy criticada, por su crudeza.
El crimen de Escamilla se hizo viral en México no solo por su crueldad, sino porque además del video en la patrulla se filtraron fotos del cuerpo descuartizado de Escamilla, que aparecieron tanto en la prensa sensacionalista como en las redes sociales.
A raíz del feminicidio de Escamilla, la Fiscalía capitalina presentó una iniciativa al Congreso local para crear el artículo 293, la llamada Ley Ingrid, con el que sanciona a servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite.
Tras acabar con su vida, el sujeto supuestamente descuartizó el cuerpo de Escamilla, de 25 años, y tiró algunos de sus restos y llevó otros a una alcantarilla de la alcaldía Gustavo A. Madero.
El acusado, una vez cometido el crimen, llamó a su exmujer y le contó lo sucedido.
Ella fue quien dio aviso a la Policía y quien recogió al hijo del asesino, un chico autista de 15 años que presenció el feminicidio.
En 2019, Escamilla presentó una denuncia por violencia de género contra su pareja, aunque finalmente la mujer no siguió con el proceso legal y el caso fue archivado.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
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