Fue desechado el amparo que intentó promover el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien pretendía echar abajo su desafuero
Un juez federal declaró este miércoles improcedente el amparo que intentó promover Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, con el que pretendía echar abajo el proceso de desafuero realizado en su contra por la Cámara de Diputados.
Lo anterior fue determinado por Martín Adolfo Santo Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México,
En la demanda, García Cabeza de Vaca argumentó que la la autoridad responsable del juicio de procedencia se “extralimitó” en las facultades que tiene conferidas constitucionalmente.
Sin embargo, el juez Santo Pérez declaró improcedente la suspensión requerida por el gobernador tamaulipeco..
“Este órgano de control constitucional observa que la litis planteada por la parte quejosa no es procedente en el juicio de amparo, dado que pretende impugnar una resolución que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió en uso de una facultad exclusiva y soberana que le fue conferida constitucionalmente y en la que, bajo un estudio superficial (de dicha resolución), se observaron las pautas que constitucionalmente se han emitido para dicho efecto”, se lee en la resolución.
. “De ahí que, se actualice de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción VII, de la Ley de Amparo y que, en consecuencia, deba desecharse la demanda de amparo”, se apuntó en la sentencia.
El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados avaló el desafuero del gobernador de Tamaulipas, quien en su momento fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.
García Cabeza de Vaca únicamente fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.
El daño al fisco federal fue estimado en 6.51 millones de pesos, lo que acredita el delito de defraudación fiscal, que se castiga con una pena de tres a nueve años de prisión.
Con información de Milenio
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