Si bien el gobierno local puede adquirir tecnología para realizar sus funciones, las empresas que se la provean no pueden incorporarse al sistema de seguridad pública vial
Un tribunal colegiado resolvió, en definitiva, un amparo contra las fotomultas dando un revés a las empresas privadas que ofrecen sus servicios a la Policía de la Ciudad de México.
El amparo fue interpuesto por una ciudadana para que la medida no se aplique en la capital.
El fallo del juez Fernando Silva, confirmado por la determinación, señaló que la prevención de accidentes y la protección de la vida son funciones que las autoridades locales deben garantizar y para hacerlo no deben apoyarse en firmas que busquen lucro.
Si bien el gobierno local puede adquirir tecnología para realizar sus funciones, las empresas que se la provean no pueden incorporarse al sistema de seguridad pública vial, avalaron los magistrados.
Al otorgar a una empresa particular una tarea propia de la autoridad, se están violando los artículos 16 y 21 de la Constitución, sobre todo porque cada fotomulta ejecutada implica para dichas empresas una ganancia.
El sistema de fotomultas, previsto en un contrato celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y Autotraffic que concluyó en diciembre de 2017, no será aplicado a la quejosa, de acuerdo a la sentencia.
“La justicia de la unión ampara y protege a María de la Luz N en contra de la boleta de infracción y multa atribuido a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como su cobro atribuido a la Secretaría de Finanzas de la misma ciudad; y el contrato administrativo multianual abierto para el servicio de Subrogación de Servicios para imponer Multas a través del Sistema Integral de Fotomultas”, expone la sentencia.
El juez explicó que María de la Luz N no está autorizada a cometer infracciones de tránsito y el amparo no impide que las autoridades de la ciudad ejerzan sus facultades de vigilancia y cumplimiento de las disposiciones de tránsito.
Finalmente, recalcó que las autoridades de la Ciudad de México cuentan con la facultad para adquirir equipos tecnológicos de empresas privadas para realizar funciones públicas, sin embargo, las empresas privadas no pueden incorporarse al sistema de seguridad pública vial.
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