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Los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre la situación de los territorios ocupados palestinos y el derecho a la vivienda urgieron hoy al Gobierno de Tel Aviv a poner fin a la demolición punitiva de viviendas palestinas.

Calificaron esta medida de “castigo colectivo”, en respuesta a presuntos actos de violencia por parte de los palestinos en su territorio.

En un comunicado conjunto los relatores señalaron que el 19 de noviembre, fuerzas de seguridad israelíes demolieron la casa ubicada en Jerusalén oriental de Abd al-Rahman al-Shaludi.

La vivienda pertenecía al palestino que presuntamente cometió un atentado cuando conducía su automóvil dirigiéndolo contra una mujer israelí de 22 años de edad y a su bebé de tres meses de edad, quienes fallecieron a consecuencia del ataque.

La demolición provocó daños estructurales en varios apartamentos cercanos. Las fuerzas de seguridad israelíes también asaltaron otras siete unidades en el mismo edificio residencial.

“Todos los actos de violencia requieren una respuesta firme por parte de las autoridades israelíes, y los responsables deben ser juzgados ante un tribunal de justicia y condenados por sus crímenes”, dijo el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Makarim Wibisono.

“Pero el Estado no puede ir más allá de lo que está sancionado por el derecho internacional”, afirmó.

“En el caso del Al-Shaludi, quien fue ultimado a tiros por la policía israelí en la escena del ataque, la demolición de su casa en el medio de la noche no sirvió a ningún otro propósito que el de castigar a sus padres y cinco hermanos inocentes, dejándolos sin hogar”, consideró por su parte la Relatora Especial sobre el derecho a la vivienda, Lellani Farha.

“En pocas palabras: el uso de derribo de viviendas como medida punitiva es una forma de castigo colectivo contra el derecho internacional. Israel debe poner fin de inmediato el uso de esta práctica devastadora”, urgió.

Además, según Farha, Israel aparentemente ha pedido más demoliciones de viviendas tras el último atentado en una sinagoga de Jerusalén que mató a cinco israelíes el 18 de noviembre pasado.

En medio de las crecientes tensiones y enfrentamientos repetidos entre los palestinos y fuerzas de seguridad israelíes en todo el territorio palestino ocupado, los Relatores advierten que esas demoliciones solo se suman a la frustración y la desesperación que sienten las personas que viven bajo la ocupación militar prolongada, sembrando las semillas de más odio y la violencia para el futuro.

En agosto de 2014, las autoridades israelíes demolieron parcialmente las casas de dos palestinos sospechosos, pero no condenados, de los asesinatos de tres jóvenes israelíes en junio, agregaron los expertos.

Numerosas peticiones se han presentado en contra de la demolición punitiva de viviendas sobre la base de que violan los derechos de las personas, incluidos los niños, que no están acusados de un delito, y por lo tanto constituyen un castigo colectivo, prohibido por el derecho internacional.

“La única manera de detener este ciclo de violencia es que Israel coloque los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas”, valoró Wibisono.

Con información de Notimex